Con sus indicadores laborales y sociales invariablemente vergonzantes, el País canario se mueve entre otros tantos acontecimientos alarmantes y sobrevenidos que tienen como víctimas pasivas al conjunto de la ciudadanía. Como si de una conjura se tratase, los efectos del cambio climático en sus variantes de nuevos incendios forestales, calima altamente tóxica y sequía extrema, se entrecruzan con la aún no declarada pandemia del coronavirus que amenazan con una previsible emergencia sanitaria que, en caso de confirmarse, volvería a poner en solfa a un sistema sanitario que continúa adoleciendo de recursos y camas para afrontar una crisis como la que se nos puede plantear ante la coincidencia de factores que empeorará la salud de nuestra población que, no olvidemos, se ve sometida a riesgos añadidos por la presencia y libre circulación de 14 millones de turistas al año. En tales circunstancias, no parece que las administraciones públicas, en sus diferentes niveles de responsabilidad, hayan hecho sus deberes.