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Siendo evidentes las nocivas incidencias producidas por el efecto Covid-19 en todos los aspectos y sectores, dicha circunstancia ha tenido un claro reflejo en la Administración de Justicia en Canarias, que ha estado -y sigue estando- afectada por una ralentización significativa, y es seguro que sufrirá un previsible aumento de la litigiosidad a lo largo del corriente año, situando como principales perjudicados a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad (ERTE, despidos…).

Conscientes de esa evidente realidad, la Sección de Justicia de INTERSINDICAL CANARIA mantuvo reuniones en sede parlamentaria con los cuatro grupos políticos que forman parte de nuestro ejecutivo autonómico -PSOE, NC, UNIDAS PODEMOS y ASG- al objeto de exponerles razonadamente las causas que desde nuestra perspectiva harían imprescindible la configuración y la consiguiente dotación presupuestaria para implementar planes de choque durante este año, que tuvieran por objeto paliar o atenuar los efectos descritos.

Al detentar el PSOE la Consejería competente en esta materia, recaería sobre ella afrontar con solvencia la propuesta hecha por INTERSINDICAL CANARIA, con el consiguiente apoyo del resto de partidos políticos que integran el Grupo de Gobierno.

Amén de que en la Ley de Presupuestos de Canarias para el ejercicio 2021, no consta ni un solo euro para implementar estos planes, después de tener varias Mesas de Negociación con la Administración en lo que va de año, presididas por la Directora General de Justicia, Marta Bonnet Parejo, jamás se ha hablado por la Administración de medida alguna para combatir el efecto Covid-19, como sí han hecho otras Comunidades Autónomas con transferencias en materia de Justicia -como Galicia o Valencia- o el Ministerio de Justicia en el territorio que gestiona.

Desde nuestra perspectiva, el máximo responsable de esta imprudencia es el consejero del ramo, Julio Pérez, que en este asunto ha demostrado estar en Belén con los pastores, respondiendo con absoluta dejadez e indiferencia ante una problemática de tal calibre.

El señor Pérez viene demostrando desde hace tiempo ser el No-Consejero de Justicia, pues parece estar más ocupado en desempeñar la Portavocía del Gobierno o de asumir interinamente y en su momento la Consejería de Sanidad. Está claro que en todas partes no se puede estar, entre otras cosas porque nadie es imprescindible o porque -para más inri- es precisamente la Consejería de la que es titular la que menos parece preocuparle.

Pese a los alardes de cambio del actual Gobierno de Canarias, es más cierto que el coeficiente de progresismo y conciencia social exhibido por Julio Pérez en cuanto a la gestión de nuestra Administración de Justicia es portentosamente bajo o más bien, brilla por su ausencia.

Como otra muestra de la pésima gestión del actual Gobierno de Canarias, querríamos señalar que el pasado mes de febrero se procedió por la Directora General de Justicia, Marta Bonnet Parejo, a la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias del proceso selectivo para la constitución de listas de reserva de personal interino al servicio de la Administración de Justicia en Canarias, que genera notabilísimas esperanzas de empleo para las personas interesadas.

Pues bien: la gestión de esa convocatoria ha sido para INTERSINDICAL CANARIA un auténtico desastre, caracterizado por la más genuina aberración normativa; y nos explicamos:

 

En dicha convocatoria, se estipulaba el plazo de un mes para la presentación de solicitudes. De ese plazo, al menos cinco días el sistema informático adoleció de irregularidades, con las nefastas consecuencias que ello implica. De mutuo propio -sin negociación con los sindicatos, como estipula la normativa de aplicación- la Dirección General procedió a publicar en el BOC la ampliación del plazo en un único día, despreciando la participación sindical que hubiese sido fundamental a la hora de arbitrar una ampliación del plazo más generosa. Conviene resaltar que la gestión del sitio web de esta convocatoria está confiada a una Empresa Privada, que una vez más ha hecho alarde de su ineficacia.


Si bien el talante impositivo de la Sra. Bonnet Parejo queda palmariamente demostrado con lo expuesto, se ha incurrido en otro despropósito legal de todavía mayor calado: en la Resolución de convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Canarias, figuraba como requisito para poder acceder a las listas de reserva de los Cuerpos de Gestión y Tramitación de la Administración de Justicia el que los interesados -citamos textualmente- “deberán acreditar conocimientos de tratamiento informatizado de textos (…) expedido por centro de formación reconocido oficialmente (…)” (las negritas son nuestras).

Dicho lo dicho, comprobamos con absoluta estupefacción que sin publicarlo en el BOC (como hicieron, aunque sin negociación sindical, con el pírrico aumento del plazo) la Dirección General de Justicia saca un Comunicado al respecto que insertan en su página web donde establecen -citamos literalmente-: “Se consideran acreditados los expedidos por el Instituto Canario de Administración Pública (…) Servicio Canario de Empleo (…) las Universidades (…)” (las negritas vuelven a ser nuestras).

Es decir: que desde la aberración normativa más absoluta, cambian lo que eran centros de formación reconocidos oficialmente, por una retahíla de centros específicos que no dudamos que están reconocidos oficialmente, pero hay otros sin ser esos, como establece la convocatoria publicada en el BOC, que la Administración pretende modificar radicalmente con una simple nota publicada en su web, la cual tiene la misma vinculación normativa que un anuncio publicado en cualquier otra página y sobre cualquier tema.

Para INTERSINDICAL CANARIA, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias está más preocupada de sacar réditos políticos por la vía rápida que de trabajar constriñéndose a los marcos normativos que obligan a cualquier ciudadano.

Desde INTERSINDICAL CANARIA apoyaremos cuantas acciones deseen ejercitar cada una de las personas perjudicadas por estos disparates jurídicos prodigados por la Administración, pues no es de recibo que quienes están esperanzados en una posibilidad de empleo tengan que sufrir en sus carnes este tipo de injusticias.

SECCIÓN SINDICAL DE JUSTICIA 

Canarias, a 25 de marzo de 2021.

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