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El ministro Iceta, con el apoyo de CCOO, UGT y CSIF, lleva al Consejo de Ministros un acuerdo que no respeta las directrices europeas, creará fuertes problemas en los servicios públicos y no cuenta con el respaldo de las personas afectadas

 

 

En el día de ayer, el Ministro de Política Territorial y Función Pública ha llegado a un acuerdo en el seno de la Mesa de la Función Pública con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para la modificación del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), que será la base de un Real Decreto Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que será aprobado previsiblemente hoy por el Consejo de Ministros.

 

El acuerdo no puede ser más decepcionante. Ni se reconoce la responsabilidad que tiene el conjunto de las Administraciones Públicas en la génesis del problema de la temporalidad en las mismas, ni las medidas sancionadoras del abuso de temporalidad (las compensaciones económicas que se dictan) son suficientes, ni mucho menos podemos compartir que la solución para reducir las tasas de temporalidad al 8% se haga mediante procesos de estabilización del empleo, procesos en los que lo que se estabilizan son las plazas en vez de las personas interinas que venían ocupándolas en situación de abuso de temporalidad. Esta salida contraviene la normativa europea que ha establecido que, en ningún caso, la solución a la alta interinidad de las administraciones públicas españolas pueda pasar por procesos masivos de oposiciones.

 

Nunca podremos defender que sea una solución para el personal interino el despido con una compensación económica. Compensación que, además de ser una cuantía pequeña y muy inferior a la inicialmente anunciada (en el borrador inicial se establecía que sería de 33 días por año trabajado, con un máximo de dos anualidades, para quedar definitivamente fijado en 20 días, con un máximo de una anualidad) abre un panorama laboral especialmente difícil para aquellos compañeros y compañeras que más años llevan trabajando en situación de abuso de temporalidad.

 

Además, aún no nos han dicho cómo se va a financiar el despido de decenas de miles de interinos que lógicamente debe salir del erario público. Sin embargo, no hay que ser muy imaginativos para saber que hará como siempre, con subida de impuestos a la clase trabajadora, recortando salarios públicos y pensiones y, como no, reduciendo el gasto público en servicios esenciales como sanidad, educación y dependencia. Y todo para sustituir a unos profesionales por otros cada tres años.

 

La reforma que establece este proyecto de Real Decreto-ley niega la posibilidad de cualquier solución excepcional al problema de la interinidad. Al obligar a ofertas masivas de empleo público, basadas en sistemas selectivos por el único procedimiento del concurso-oposición, cierra la puerta a medidas excepcionales y transitorias como las que se apuntan, si se desarrollasen correctamente, en el artículo 61.6 del propio TREBEP; por no hablar de otros posibles mecanismos de estabilización (de las personas) que ni siquiera parecen haber sido explorados por el Ministerio y los sindicatos firmantes.

 

Por último, y con independencia de que rechacemos frontalmente esta reforma, ni siquiera compartimos que el objetivo de reducir las tasas de temporalidad por debajo del 8% en todas las Administraciones se vaya a conseguir con este real decreto-ley. En algunas de ellas, como es el caso de la educativa, y por el carácter cambiante y flexible que tiene que tener el sistema educativo, vemos que originará problemas serios. Muchas Administraciones, como puede ser la educativa, optarán, antes que cargarse de un volumen difícil de gestionar de funcionarios de carrera, por otras fórmulas que crearán mayor precariedad. Además las administraciones expulsarán del sistema a decenas o centenares de miles de personas interinas con una experiencia y una cualificación profesional demostrada, lo que no hará sino socavar la calidad de unos servicios públicos que con estas personas que ahora pueden perder su puesto de trabajo, ha alcanzado niveles de excelencia demostrada en sanidad, educación, servicios sociales, administraciones locales, etc.

 

No es tampoco menos importante con quién y dónde se ha alcanzado este acuerdo. La Mesa General de la Función Pública está constituida por la representación del funcionariado de las administraciones, pero deja fuera a organizaciones altamente representativas en sus sectores. Por ejemplo, en educación (en cuyo sector han trabajado 200.000 interinos e interinas este curso) los sindicatos firmantes -CCOO, UGT y CSIF- solo representan a un tercio del profesorado. Con este panorama, no es difícil imaginar que la conflictividad va a aumentar en los próximos meses y las movilizaciones que este colectivo viene llevando a cabo en los últimos tiempos, se incrementarán.

 

Nos resulta muy duro aceptar que un gobierno que se dice progresista pueda legislar de esta manera en contra de sus trabajadores. No solo va a menoscabar el prestigio de los servicios públicos, sino que nos aboca a una situación de conflictividad que a nadie beneficia. Es, en estos momentos, cuando se demuestra para quien se gobierna y, en este caso, es evidente que no es para las trabajadoras y trabajadores a quienes se va a mandar al paro, ni para lo público.

 

Canarias, 7 de julio de 2021

 

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