Coincidiendo con la controversia existente en torno a la Dependencia y la pretensión del gobierno de modificar las prestaciones de este servicio público, resulta especialmente oportuno un encuentro con Yolanda Cívicos Santana, delegada y portavoz de INTERSINDICAL CANARIA y, profesionalmente, trabajadora Social y valoradora del referido servicio en la isla de Gran Canaria.
Yolanda precisa que su incorporación en la actividad sindical se produce tras la intención del Gobierno Central de convocar una OPE ordinaria de todas aquellas plazas ocupadas por personal en situación de fraude de ley. Pronto, entendí que tanto el Estado como las CCAA habían incumplido reiteradamente normativa de estabilización que protegía a los y las trabajadoras del sector público, queriendo solventar la situación con la connivencia de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, sin asumir ninguna responsabilidad y perjudicando gravemente a los y las afectadas. Una lucha sindical que, de alguna forma, aún se mantiene
No vemos cambios reseñables en la atención a la Dependencia entre este y el anterior gobierno, cree usted que es similar la política de desprecio de la derecha y de la denominada izquierda hacia los dependientes
Nunca se van a ver cambios sustanciales en la gestión de la Dependencia en Canarias mientras no se haga un esfuerzo económico centrado en dos pilares básicos; reforzar la plantilla en el sector público y crear plazas públicas de centro de día y residenciales. Mientras no exista un compromiso político real para abordarlos, cualquier intento esta abocado al fracaso.
Tras casi 18 años de experiencia en el servicio, tanto en el área de Valoración como en el PIA, y en ocasiones en el punto de información o realizando tareas administrativas, considero que cualquiera de mis compañeros/as o yo misma, contamos con la experiencia necesaria para analizar la evolución de este servicio bajo la dirección de los distintos responsables públicos y políticos. También contamos con la formación necesaria para trabajar en propuestas de mejora de manera conjunta con los responsables políticos, ya que cualquier política de gestión en la que se nos mantenga al margen, estará inevitablemente influenciada por intereses partidistas. Dicho esto, son contadas las ocasiones en las que se ha tenido en cuenta al personal y cuando los y las Jefas de Servicio lo han hecho y han habido contradicciones con las directrices de Directores/as o Consejeros/as, lo cierto es que éstos han sido cesados o han renunciado a sus puestos.
n razón a su aparente insolvencia, se atreve a definirnos el perfil profesional de los actuales responsables puestos por la Consejería de Bienestar Social en el área de Atención a la Dependencia?
Honestamente he de felicitar al Presidente Calvijo, ya que poner al frente de la Consejería y en puestos de Dirección así como de alguna Viceconsejería a profesionales del sector del Trabajo Social, con cierta experiencia y vagaje profesional, le ha valido para dar credibilidad a sus acciones y desviar el foco de atención.
No se le escapa a nadie que no ha habido el incremento necesario en los PGC para el año 2025 que posibilite reforzar los servicios sociales y por tanto, justifican esa falta de voluntad política e incompetencia, ofreciendo “prestaciones económicas insuficientes” para contratar servicios privados que deberían ser ofertados por las Administraciones Públicas. La conclución es ésta, servicios low cost, sin control de calidad de los mismos, de cumplimiento de objetivos o formación adecuada de los profesionales, todo ello con dinero público que irá a parar a manos de…. Ya lo veremos.
Todas queremos que las personas con alguna discapacidad, con necesidad de otra persona para ejecutar las tareas básicas de la vida diaria o necesidad de apoyo permanente o puntual de cualquier tipo, obtenga respuesta de manera lo más inmediata posible, claro que sí, pero los y las profesionales de Trabajo Social jamás deberíamos sucumbir a las presiones políticas para dar esa respuesta si ésta no cumple con los criterios de universalidad, calidad, justicia social y sobre todo, tras un estudio y análisis personal, familiar y social centrado en la persona y sus necesidades, no en objetivos políticos, que ahora mismo son, cumplir los plazos y lista de espera 0 dando prestaciones económicas, FIN.
¿Como va la incorporación de los 103 nuevos profesionales que el gobierno prometió en octubre para agilizar la tramitación de los expedientes?
Pues sinceramente, lo desconocemos. No sabemos quienes son, cuando se incorporarán y en qué área se incorporarán, ni por qué hay personas a las que se les va a renovar el contrato “supuestamente concatenando dos contratos programas” cuando siempre se nos ha dicho que esto no es posible, no al menos para permanecer en el mismo Servicio.
Hemos tenido que solicitar mucha información a través del portal de transparencia porque no responden a nuestros escritos, donde solicitamos esta y mucha otra información a las que tenemos derecho acceder. Esto es fundamental para avanzar en la defensa y mejora de los servicios públicos, así como en la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadores, asegurando su debida información. Mucho oscurantismo o simplemente, prepotencia.
Lo que sí puedo asegurar es que hay profesionales que no han querido renovar sus contratos y algunas valoradoras han renunciado a su contrato debido a la presión, a la sobre carga de trabajo y la existencia de riesgos psicosiociales, que ya han quedado constatados además, en la evaluación que se ha llevado a cabo entre los profesionales del edificio sociosanitario El Pino. Estos riesgos han aumentado con el tiempo, y las medidas correctivas siguen sin implementarse. Sin embargo, el Gobierno de Canarias ha invertido este año varias miles de euros en campañas publicitarias sobre la importancia de prevenir los riesgos psicosociales en el ámbito laboral, lo cual resulta una auténtica tomadura de pelo ¿no creeen?.
Da la impresión que existe una tendencia a considerar a la tercera edad y a los dependientes como gente molesta e improductiva a la que hay que aislar socialmente
Totalmente. No solo eso, sino que se les infantiliza de tal forma que se cree que debemos pensar y decidir por ellos, subestimando no sólo su capacidad de decisión sino despreciando todo lo que pueden seguir aportando. Por eso, se les permite “elegir”, pero siempre bajo las opciones que se les dan. Me pregunto si se han organizado jornadas, eventos o similares para conocer, o al menos escuchar, al colectivo en relación con los cambios normativos que les afectarán en áreas como la Dependencia, el Servicio de Ayuda a Domicilio o el nuevo Plan Sociosanitario, entre otros. Y todo esto, claro está, con la participación de profesionales de diversos sectores y perspectivas, con el fin de generar un debate real y enriquecedor.
Por otro lado, hay una reclamación que se repite mucho desde las AAVV, centros de mayores, asociaciones etc, y es que tras la pandemia se suspendieron muchas actividades y talleres subvencionadas por diferentes administraciones públicas y entidades privadas y que éstas no han vuelvo a ponerse en marcha, por lo que la oferta de ocio sigue siendo insuficiente y además, poco variada.
Junto al maltrato del Gobierno que, por lo general reciben las personas dependientes, se suma ahora la sustitución del servicio de Ayuda a domicilio por unos euros al mes que recibirían los usuarios, y de ahí la privatización del servicio. ¿Qué hacer?
Los Ayuntamientos son clave ahora, mismo pues en lugar de ver en esto una oportunidad de abarcar y llegar a más usuarios, que es como se está vendiendo esta situación (como una oportunidad) deberían no ofrecer esta posibilidad y obligar al Gobierno a asumir su responsabilidad de incorporar en la red de servicios públicos el Servicio de Ayuda a Domicilio, garantizando la prestación del servicio con calidad y avanzando en la creación de planes de atención personalizados que realmente respeten los deseos y derechos del usuario.
En la actualidad, por mucho que insistan en hablar de cuidados centrados en la persona, el personal de ayuda a domicilio del ámbito privado, principalmente, cuenta con unas ratios inasumibles para hacer cumplir dichos objetivos, centrándose básicamente en el aseo personal, cambios posturales, limpieza básica del hogar, gestiones fuera del hogar como comprar en la farmacia o supermercados, y/o hacer de comer. Con esto no quiero decir que los y las profesionales del sector no tengtan capacidad ni motivación para realizar otras funciones tales como promocionar la autonomía del usuario, dedicar tiempo a hablar y acompañar con afecto, poner en marcha otros conocimientos que posean que permitan trabajar la movilidad, la psicomotricidad, la prevención de caídas y/o de lesiones etc, sino que no cuentan con el tiempo suficiente, ya que priman los intereses económicos para la empresa.
Dicho esto, existirán empresas que trabajarán en favor de la dignidad de las personas, ofreciendo servicios de calidad, motivando y formando continuamente a su personal. Sin embargo, el problema radica en que desde el área de acreditación e inspección de centros del Gobierno de Canarias, el personal es insuficiente y por tanto no sabemos cuales sí y cuales no. A su vez, las empresas de ayuda a domicilio, así como las residencias y centros de día privados, proliferan en una sociedad cuyas políticas neoliberales les abren las puertas.
¿Como ves el futuro de los servicios sociales en Canarias?
Tebemos un gran reto por delante, tanto los profesionales del sector como los ciudadanos. Debemos tomar consciencia de hacia donde estamos yendo y a donde queremos ir realmente, para poder exigir a quienes nos representan, que cumplan lo prometido sin desvirtuar los objetivos ni los medios para conseguirlo.
El prioncipal problemas es la Sostenibilidad Financiera, ya que uno de los mayores retos será garantizar la financiación adecuada para los servicios sociales, especialmente en un contexto de restricciones presupuestarias y políticas neoliberales. Será fundamental que el Gobierno de Canarias encuentre un equilibrio entre el control de los gastos y la inversión en servicios sociales, con el objetivo de asegurar que todas las personas, especialmente las más vulnerables, tengan acceso a los servicios que aseguren su bienestar.
Por otro lado, existe una desafección generalizada entre los profesionales del campo social, quizás por hastío, cansancio y maltrato institucional, pero hay que hacer un esfuerzo por no perder de vista aquello que nos llevó a formarnos en este campo y seguir luchando por la justicia social, la equidad y la dignidad del ser humano.
