En los últimos meses hemos escuchado distintas voces pronunciarse preocupadas por diferentes necesidades que, a su juicio, presenta el sistema educativo en general y la Educación Pública en particular. Se trata sin duda de voces de contrastada solvencia y con más que suficiente interés en que la Educación Pública funcione con la máxima calidad. Entre otras, y a modo de ejemplo, podemos citar, a las Juntas de Personal Docente no Universitario, AMPAS, sindicatos educativos y hasta el propio Consejo Escolar de Canarias.

Aunque las prioridades pueden diferir dependiendo de qué sector se trate, existe un patrón común que aglutina las demandas fundamentales de todas las partes. En este sentido, podemos citar, sin la menor duda, la reducción de las ratios en todas las etapas educativas, la mejora de la atención a diversidad, especialmente para el alumnado que presenta Necesidades Específicas de Atención Educativa (NEAE), el incremento de las plantillas docentes hasta situarnos al menos en la media estatal ya que sin ello no es posible atender las dos primeras necesidades, dotar a los centros educativos de los profesionales necesarios para atender adecuadamente todas las necesidades que presentan (orientación, logopedia, educación especial, auxiliares educativos, educación social, enfermería escolar, etc.), así como de otro personal no docente también necesario para el buen funcionamiento de los centros educativos acorde con las necesidades actuales que los mismos presentan (personal subalterno, de mantenimiento, administrativo, limpieza, auxiliares de cocina, comedor y otros específicos de Residencias Escolares y Centros de Educación Especial, etc.) y, por supuesto, atender todas las necesidades de mantenimiento, equipamiento y dotación que presentan los centros educativos como consecuencia del largo periodo de abandono al que han estado sometidos por culpa de las políticas de austeridad impuestas por los sucesivos gobiernos anteriores y que el actual se comprometió a revertir.

Por tal motivo, es fundamental que el sistema educativo, en general, pero la Educación Pública, en particular, cuenten con la financiación necesaria para cumplir con su importante compromiso con toda la Sociedad Canaria. Éste es el espíritu del artículo 72.3 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, que estableció como frontera para situar la inversión educativa en el 5% del PIB canario en el año 2022 y que, ahora más que nunca, cobra sentido y debe convertirse en un referente para el Gobierno de Canarias

Desde el STEC-IC, ahora que se acerca el momento de empezar a trabajar sobre los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, no podemos  más que recordar a nuestro presidente, sus promesas electorales de mejora de la inversión educativa, incremento de las plantillas docentes, bajada de ratios, mejora de la Atención a la Diversidad y a las NEAE y la implantación generalizada de la educación de cero a tres años y pedirle que en dichos presupuestos, la Educación Pública sea tratada como se merece, que ha llegado el momento de cumplirlas y demostrar con hechos que este Gobierno, de verdad, apuesta por una Educación Pública de calidad.

Canarias, a 12 de agosto de 2021

Secretariado Nacional del STEC-IC