En recientes fechas hemos asistido telemáticamente a la inauguración de algunos recursos de Salud Mental de la mano de determinados mandos de la consejería de Sanidad. Nos referimos a las nuevas unidades ubicadas en los Centros de Salud, Laguna-Mercedes y Los Sauces en la isla de La Palma. En ambas presentaciones, con un desmesurado despliegue propagandístico, resaltó la actitud triunfalista y festiva observada en las autoridades sanitarias, hecho éste que contrasta con la realidad sanitaria existente en las islas y, especialmente, con las carencias que nuestra población sufre en la especialidad de Salud Mental.   

 Aun reconociendo que las nuevas unidades, pudieran suponer un ligero avance en la atención siquiátrica, no creemos que ello vaya a incidir en una mejora significativa para los usuarios en general ni para los trabajadores en particular. Para mejor entendernos, la inauguración de estas nuevas dependencias, de antemano ya lastradas con las consabidas carencias de recursos, no van a ocultar, por ejemplo, el hecho de que los pacientes de la Gomera afectados por trastornos mentales, lleven actualmente desasistidos por espacio de hasta 5 meses por la ausencia de profesionales que les atiendan.   

          Para entendernos, los árboles que, ahora, en forma de inauguraciones, nos muestra las autoridades sanitarias, no pueden ni deben dificultar la visión del conjunto del bosque que en forma de deficiencias afectan al conjunto de las Siete islas. Para comenzar, el Plan de Salud Mental (2019-2023), nació sin financiación, las cantidades asignadas tanto a Atención Temprana, como al Plan de Adicciones no llegan al 20% de lo necesario y, respecto a los 100 millones de € del Plan de Acción de Salud Mental aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por el gobierno del Estado español, Canarias  sólo recibió 1,5 millones de euros.

Aquella promesa de contratar cerca de 160 profesionales más para Salud Mental, ha quedado reducida a la mitad y los usuarios sufren listas de espera o ven interrumpida la frecuencia de sus tratamientos por falta de profesionales. Las ratios de recursos humanos y plazas sociosanitarias no se han actualizado acorde al crecimiento poblacional de los últimos años y son una vez más, también en esta especialidad, las más bajas del conjunto del Estado. Los psicólogos contratados para Atención Primaria suponen la mitad de las necesidades reales, y los Psiquiatras, Psicólogos clínicos, Enfermeros especialistas, Trabajadores sociales y Terapeutas ocupacionales, son manifiestamente insuficientes, con equipos profesionales incompletos y sin infraestructuras adecuadas en todas las áreas sanitarias y en los Servicios de Urgencias.

Tras cerca de 5 años de vigencia, ni el gobierno actual ni el que le precedió ha publicado evaluación alguna de los resultados alcanzados del susodicho Plan de Salud Mental, con lo cual, sin diagnóstico de los realizado, en lo formal, el gobierno, conscientemente, va a continuar dando palos de ciego ante una realidad que ignora, esconde o desprecia.

Canarias, padece una alta morbilidad psíquica respecto a la media del conjunto del estado, altas comorbilidades con drogodependencias y tasas de suicidio superiores. Pero, además, el Archipiélago es la tercera comunidad en el porcentaje de personas inscritas en centros de Atención Primaria por una enfermedad de salud mental sobre el total de registros. Como resultado nos encontramos ante un consumo masivo de fármacos ansiolíticos y antidepresivos, encontrándose Canarias también en el tercer puesto en la utilización de ansiolíticos, y el cuarto en antidepresivos en el todo el Estado, todo ello según las propias encuestas del INE y del Ministerio de Sanidad.

A esto hay que añadir las mayores cifras de maltrato y abuso infantil y en la vejez. Cada vez más personas mayores viven en soledad no deseada, y la población se enfrenta a serias dificultades para encontrar vivienda 

Pero la amplia problemática en materia de Salud Mental que sufre Canarias, hay que también abordarla desde su raíz, que no es otra que a partir de la situación económica y social en la que se produce  Así, sobre nuestro población recaen los mayores niveles de pobreza y riesgo de exclusión social del conjunto del estado español, los peores salarios, y los más elevados precios en la cesta de la compra, las peores pensiones, las más altas tasas de desempleo, los trabajos más penosos con las peores jornadas laborales, todo ello, fruto de las políticas segregacionistas en materia social que sufre el Archipiélago. A ello se suma el incremento poblacional, que sitúa a Canarias ya por encima de su capacidad de carga, con un envejecimiento poblacional que los servicios públicos como la Sanidad y los Servicios Sociales dificultando acusan, dificultando sobremanera la oferta de una atención digna. Súmese a ello la desastrosa situación a la que éste y anterior gobierno han llevado a la dependencia y la asistencia a los Mayores

Y es que Consejería sanitaria y el propio gobierno autónomo, paralelamente a su nefasta y cotidiana gestión técnica y administrativa en materia de Salud Mental, desdeña estos tenebrosos indicadores sociales indispensables para poder abordar de fondo el preocupante estado de la salud física y mental de la población canaria que, también, nos arrastra a la media de vida más corta. O dicho más coloquialmente: los canarios mueren antes que los habitantes de cualquier otra comunidad del Estado.

Jaime Bethencourt Rodríguez, de la Federación de Salud de Intersindical Canaria