El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está promoviendo un anteproyecto de ley para reformar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, conocida como Ley de Dependencia.

Entre los avances que pretende esta reforma, destaca la mejora de la atención a domicilio para las personas en situación de dependencia, el reconocimiento del servicio de teleasistencia como un derecho subjetivo y la priorización de la accesibilidad universal. En Canarias llevamos años a la cola en el reconocimiento de la situación de dependencia, así como en el reconocimiento y tramitación de los recursos que deben ser concedidos a partir del Plan Individual de Atención (PIA). Pero ¿a qué se debe tanta demora y desigualdad en el reconocimiento y atención a la Dependencia en el territorio español?

Una vez más, somos testigos de cómo los derechos subjetivos y universales no se garantizan en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía. Las diferencias en la gestión y aplicación de la Ley de Dependencia están profundamente influenciadas por “el color político” y los pactos que gobiernan las diferentes CC.AA.

La Comunidad Autónoma Canaria, con su condición de territorio ultraperiférico, fragmentado y con una idiosincrasia única, requiere una atención especial. Sin embargo, nuestra clase política parece tergiversar esta realidad, para defender intereses particulares que benefician a unos pocos a costa de suprimir los derechos arduamente conquistados.

En 2002, la UE adoptó tres criterios básicos que debían regir las políticas de Dependencia de los estados miembros: Universalidad, Alta Calidad y Sostenibilidad en el tiempo de los sistemas que se implantan. Como bien reflejan los datos del IMSERSO o los informes de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, estos criterios están seriamente comprometidos, ya que durante los años de crisis se dejaron de aportar los fondos necesarios para su funcionamiento y se empezó a limitar derechos.

Todo ello ha provocado el colapso del sistema y ha dado lugar a cambios en la normativa, tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas, con la publicación de Decretos que modifican sustancialmente el procedimiento para reconocer las situaciones de Dependencia y el derecho a los servicios y prestaciones del catálogo. Pero ¿a qué precio? Y no solo eso, el actual equipo de Gobierno en Canarias, pretende modificar normativa de gran relevancia en materia de servicios sociales sin ningún proceso participativo y por la puerta de atrás, al introducir enmiendas en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC. 1

¿Por qué tanto oscurantismo? ¿Donde quedan las políticas participadas? Simplemente retrocedemos.

Realmente el cuidador no interesa como persona, es un instrumento al servicio del Sistema disfrazado de conceptos como cuidados centrados en la persona, respeto de la decisión de la persona dependiente de permanecer en su entorno y nuevo modelo de cuidados.

¿Es realmente un nuevo modelo? En absoluto. Es el modelo tradicional, revestido de terminología moderna, cuya única novedad es la concesión de prestaciones económicas insuficientes. En el mejor de los casos, estas prestaciones permiten costear unas pocas horas diarias de cuidados profesionales, generalmente a través de empresas privadas que, muchas veces, no garantizan condiciones laborales dignas para sus trabajadores.

Dudo que la persona cuidadora prefiera recibir una prestación económica a cambio de las horas de cuidado que debe asumir, horas que afectan y condicionan su desempeño laboral, su tiempo de ocio y sus oportunidades personales. Este enfoque sacrifica el bienestar de quienes cuidan y, en última instancia, compromete la calidad de vida de las personas en situación de dependencia.

A nuestra clase política le planteo ¿quieren ser parte del fortalecimiento y mejora de uno de los pilares del ya moribundo Sistema de Bienestar o por el contrario van a ser partícipes de su decadencia y desmantelamiento ?

En lugar de perpetuar un sistema que prioriza la rentabilidad sobre las personas, es hora de cumplir con los principios que dieron origen a la Ley de Dependencia: universalidad, calidad y sostenibilidad. No se engañen ni engañen a los ciudadanos. Cumplan con el pacto social y trabajen para garantizar que “la atención a la dependencia” deje de ser un privilegio y se convierta en lo que siempre debe ser: un derecho.

Yolanda Cívicos

Delegada de Intersindical Canaria