El equipo de gobierno encargado de la gestión de la Administración de Justicia en Canarias, integrado por Julio Pérez como Consejero, Carla Vallejo como Viceconsejera y Marta Bonnet Parejo en condición de Directora General, viene realizando una labor que desde INTERSINDICAL CANARIAno dudamos en calificar de absolutamente nefasta.

La lista de desafueros que vienen desarrollando a lo largo de este mandato es tan larga que cansaría al más paciente, y por ello nos centraremos en los temas que consideramos de mayor relevancia.

En lo que empieza a ser otro rebrote de la pandemia Covid-19, la Administración de Justicia en Canarias carece de una resolución que regule el teletrabajo en el Sector,proyecto que pretendió abordar la Sra. Bonnet Parejo hace más de medio año, encomendándoselo a un Jefe de Servicio que abandonó su destino en la Dirección General de Justicia en Canarias, sin que la Directora Generalhaya puesto remedio a esa situación, lo que para INTERSINDICAL CANARIAes de una gravedad absoluta,pues es una medida precisa y necesaria para afrontar las incidencias derivadas de la pandemia. Hay que decir también que en los tiempos de mayor incidencia de la pandemia, el teletrabajo en nuestro sector se llevó a cabo sin la regulación exigida y sin que Marta Bonnet Parejo proveyera a l@s trabajador@s ni siquiera de un solo equipo informático,como sí hizo con Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia, hecho objetivo que aparte de ser una irresponsabilidadsupone una evidente exhibición de clasismo.

En otro orden de cosas, nos parece gravísimo por lo injustoque los órganos judiciales encargados en exclusividad de los trámites de violencia de género en las islas de Fuerteventura y La Palma no cobrenun plus retributivo por razón de la materia, como sí lo hacen los de idéntica condición en las islas capitalinas.Desde INTERSINDICAL CANARIAle solicitamos a la Sra. Bonnet Parejo una reunión para tratar el asunto, negándose a recibirnos y remitiéndonos luego en el seno de una Mesa de negociación a acudir a la vía judicial.Ese proceder -a la par que el ramalazo autoritario de la Directora General vuelve a dar vigencia a aquel verso de Nicolás Guillén que decía “la señora Marquesa no recibe”- constituye un ataque frontal al principio de igualdadque ha regir los más elementales principios de actuación de una gestora política. Debe ser que algunas tienen muy asumido el repudiable concepto de islas menores,con la nociva carga semiótica que ello implica.

Otro asunto de vital importancia que queremos reseñar reside en el hecho de que después de más de diez añossin que se procediera a la apertura de listas de personal funcionario interinoen la Administración de Justicia en Canarias, se abriera la pertinente convocatoria en el mes de febrero de este año. Al día de la fecha no se han publicado siquiera las listas provisionalesde dicha convocatoria, con la incertidumbre que ello genera en l@s aspirantes. En INTERSINDICAL CANARIA-más allá de las muestras de reiterada ineptitud de la Directora General- desconocemos los motivos de esta reprochable demora, si bien pueden deberse al enfrentamiento -con querella incluso de por medio- entre la Administración y la empresa privada encargada de la gestación material de los listados. Evidentemente, no entendemos que a quienes se les llena la boca defendiendo los servicios públicos sigan apostando por las concesiones a empresas privadas para llevar adelante asuntos de tan hondo calado como el que exponemos. Desde INTERSINDICAL CANARIAauguramos que las listas provisionales van a estar sujetas a una innumerable cantidad de reclamaciones,y conociendo los modos y maneras de actuar de la Directora General no nos extrañaría nada que estos listados aparecieran en plenas navidades,para con ello intentar atenuar la avalancha de impugnaciones que presumimos.

Por último, es también un hecho objetivo que el confinamiento y los efectos directos que el mismo ha tenido en la Administración de Justicia, hacían incuestionablela adopción de medidas -con la consiguiente dotación presupuestaria- para paliar o atenuar en la medida de lo posible los retrasos producidos y que tienen como víctima principal a la ciudadanía. Conviene significar que, en base a declaraciones públicas, el actual Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias coincidecon INTERSINDICAL CANARIA en la procedencia de esta necesidad. Pues bien: la inoperancia o, lo que es peor, el desentendimiento absolutodel Consejero Julio Pérez, caracterizado por un ausentismo patológicoen el sector de la Administración de Justicia en Canarias (sólo lo hemos visto una vez en una Mesa de negociación; el resto de veces, en fotos de prensa), ha impedido que exista un solo euro en los presupuestos de este año para abordar esta gravísima incidencia.

Pedir que dimitan Julio Pérez, Carla Vallejo o Marta Bonnet es un brindis al sol, porque se les ve disfrutar del empoltronamientoen que están ubicados. En INTERSINDICAL CANARIAúnicamente nos sostiene la esperanza de seguir contando días para que acabe su mandato y que, por supuesto, no repitan en el siguiente si se diera el caso.

Canarias, 25 de noviembre de 2021.