Este 10 de octubre de 2024 se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental bajo el lema “Es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo” Pero tristemente, la dinámica, tanto desde el punto de vista laboral como asistencial en lo que a la salud mental se refiere, en el Servicio Canario de Salud como en el conjunto del País Canario, siguen siendo la asignatura pendiente.

Más allá de propagandísticos actos de inauguración y de “Desfiles de las autoridades del gobierno de Canarias” que a bombo y platillo venden humo, lo cierto es que conocida la situación económica y social de Canarias, con los mayores niveles de pobreza y riesgo de exclusión social del conjunto del estado español, los peores salarios, las peores pensiones, las más altas tasas de desempleo (Que se incrementa entre los jóvenes, mujeres y personas con discapacidad), los trabajos más penosos con las peores jornadas laborales, fruto de las políticas segregacionistas aplicadas en base a un modelo de desarrollo súbdito del monocultivo turístico, no podemos negar que las cada vez más elevadas cifras en cuanto a la mala salud mental de la ciudadanía, no estén justificadas. El ejemplo lo tenemos en los trabajadores del propio Servicio Canario de Salud, de todos los grupos profesionales, donde las bajas médicas por este motivo, el índice de afectados por el síndrome del quemado profesional, del consumo de ansiolíticos que son prescritos como primera opción o a través de la automedicación, se han incrementado en más del 20% tras la Pandemia. Claró está que sometidos a las peores condiciones laborales con las menores plantillas del conjunto del estado y sin que, como ocurre con temas como la Prevención de Riesgos Laborales, tengan posibilidad de asistencia por la falta de especialistas y de voluntad política para implementar medidas curativas o preventivas.

Con ello, Canarias padece la más alta morbilidad psíquica respecto a la media del conjunto del estado, altas comorbilidades con drogodependencias y tasas de suicidio superiores.

A pesar de los contundentes datos, el Plan de Salud Mental (2019-2023), nace sin financiación, las cantidades asignadas tanto a Atención Temprana, como al Plan de Adicciones no llegan al 20% de lo necesario y respecto a los 100 millones de € del Plan de Acción de Salud Mental aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por el gobierno del estado español, y pese a estar en una situación de grave déficit, Canarias sólo recibió 1,5 millones de €. Aquella idea de contratar cerca de 160 profesionales más para Salud Mental ha quedado reducida a la mitad y los usuarios, también trabajadores, sufren listas de espera o ven interrumpida y retrasada la frecuencia de sus tratamientos por falta de profesionales. Las ratios de profesionales y plazas para la dependencia no se han actualizado acorde al crecimiento poblacional de los últimos años y son una vez más las más bajas del conjunto del estado. Se han contratado Psicólogos en algunas áreas de salud, no en todas y no suficientes en Atención Primaria y en los Servicios Especializados faltan Psiquiatras, PIR, EIR, MIR, Trabajadores Sociales y Terapeutas Ocupacionales, estando los equipos profesionales incompletos.

No hay infraestructuras adecuadas ni a nivel comunitario ni en los Servicios de Urgencias a nivel general en el conjunto del Servicio Canario de Salud. Sirva como ejemplo la situación de las instalaciones de la Unidad de Infanto Juvenil en Gran Canaria, donde a la falta de profesionales se suma la ausencia de un espacio digno de privacidad y donde los menores son atendidos en un pasillo. Situaciones como esta han sido específicamente denunciadas ante la consejera de sanidad, que no ha realizado ningún atisbo de gestión.

Así, la población sufre y a veces paga con su vida los efectos de una falta de financiación crónica en materia sanitaria, también en lo relativo a la Salud Mental, pero, además sufre la errática y desprofesionalizada gestión donde hay que resaltar el absoluto abandono de ciudadanos y profesionales que aplica el gobierno de Canarias (En manos de CC y PP), a través del escaparate de su consejería de sanidad (CC). 

Desde Intersindical Canaria exigimos recursos humanos y materiales en la Sanidad Pública, tanto para los trabajadores del Servicio Canario de Salud, dentro de las políticas de Prevención de Riesgos Laborales que contemplen la Salud Mental como otro riesgo psicosocial, como para el conjunto de la clase trabajadora y la ciudadanía.

Cati Darias  Delgado

Coordinadora Nacional de la Fed. De Salud

INTERSINDICAL CANARIA