Con el agravamiento de las endémicas penurias que ya recaían en sus diferentes niveles sobre los trabajadores y desempleados canarios, multiplicadas ahora por la crisis de la actual Pandemia, se redobla también el número de personas sin acceso a las prestaciones sociales de subsistencia, sobre todo aquellas cuya responsabilidad recae sobre el gobierno canario y su metafórica Consejería de “Asuntos Sociales”. Así 7.562 familias aún esperan para que sea atendida la tramitación de dependencia, de las cuales diez mueren diariamente sin haber sido atendida su solicitud para la subsistencia; más de la mitad de solicitantes del Ingreso mínimo vital se encuentran aún a la espera de su tramitación; se desconoce la aplicación de las ayudas al alquiler de emergencia, y otro tanto ocurre con el pago del bono social eléctrico. Directamente proporcional es el número de las nuevas personas adscritas al gremio de la pobreza y que recurren en estos días a los bancos de alimentos en el conjunto de la nación canaria. Un trágico y encubierto panorama mientras los ejecutivos progres de Canarias y España se desgañitan para priorizar sus esfuerzos en el objetivo de que la avariciosa clase empresarial no vea reducidos sus dividendos. El anunciado jardín de flores gubernamental,  convertido ahora en campo de espinosos zarzales por el que deambula la mayoría social de nuestro archipiélago.