Tras la manifestación del 20 de abril y de que la ciudadanía movilizada pusiera en la agenda el problema del límite de Canarias, las organizaciones políticas han querido responder de manera indirecta a este emplazamiento, y una de las formas ha sido sacando a la palestra la ley de residencia. El PSOE ha despejado balones fuera con el argumento de que una ley de residencia es inviable en el ordenamiento jurídico español y europeo, dando la sensación de que su candidato a Europa representa a la burocracia europea en las islas, en vez de representar a las islas ante la burocracia europea. El PP-VOX han dicho que son muy españoles y mucho españoles, según inolvidable sentencia mariana. La izquierda, extraparlamentaria por méritos propios, vuelve a ser irrelevante en las islas, con lo cual da igual lo que diga o deje de decir. Nueva Canarias y CC sí han entrado al trapo con esta ley. Ambas organizaciones aducen que es necesario regular la población residente. Estaría por ver el planteamiento completo que proponen.

El tema de la ley de residencia no es una invención de ahora. En los años 80 y 90 eran los minoritarios grupos independentistas los que la planteaban. Estaba focalizada en contener la llegada de “godos”, porque se tenía la impresión de que estas personas venían a las islas a ocupar los puestos más relevantes en la administración (mandos de las fuerzas armadas, la policía, judicatura, hacienda, en parte, en la educación y sanidad) o en los puestos ejecutivos de la banca, la hostelería o, incluso, en los sectores mejor remunerados de la construcción. El argumento era que los canarios no estaban preparados para desempeñar esas funciones. Se mantenía la inercia propia del proceso de españolización de las islas iniciado tras la pérdida de Cuba y Puerto Rico en 1898. Una administración “llena de godos” contrastaba con los canarios trabajando en los puestos peor remunerados y de baja cualificación. Una foto blanco sobre negro de la permanencia del colonialismo. Hoy, el problema no ha hecho sino agravarse, porque se produce una sustitución creciente de población canaria en todas las actividades por la llegada masiva de trabajadores no canarios y, cuanto más crece la economía y la población, más pobreza y exclusión soporta la población nativa. En el informe de 2023 de la European Antipoverty Network se subraya que el 36% de la población (787.000 personas) está en riesgo de pobreza y exclusión.

La izquierda no nacionalista de entonces denostaba reivindicar una ley de esas características, porque confiaba en que la mano invisible del mercado regularía la población. ¡Dirigentes marxistas usando a Adam Smith! Si se dejaba de construir hoteles y de demandar mano de obra cualificada, se regularía de forma automática la inmigración peninsular. La izquierda estatal tenía miedo a que la llamaran racista. Y, dicho sea de paso, a cierta izquierda nacionalista le asustaba también que le colgaran ese sambenito, y usó el mismo argumento que la izquierda de matriz centralista.

Ahora todo el mundo observa que la cosa se ha ido de madre. El eco de esta demanda en 2024 no es de cuatro gatos sino de decenas de miles, o centenares de miles de canarios. No es un asunto ideológico, de nacionalistas, sino de pura supervivencia en condiciones razonables en estas islas, sin importar el sentimiento nacional que se encuentra detrás de cada persona. Hoy tiene que ver con defender el territorio, el espacio que habitamos. Para entender la dimensión del asunto pensemos que si la España peninsular tuviera nuestra densidad de población tendría 270 millones de habitantes.

¿Pero es creíble la propuesta que hace CC? El alcalde de Santa Cruz salió en prensa hace unos días diciendo: “Hay que limitar la llegada de residentes a Canarias” porque la situación se ha tornado insostenible, adujo. Y, además, añadió algo totalmente sorprendente para venir de uno de los jefes de CC, “No hay más posibilidad que limitar la residencia, tanto de personas de Europa, incluido el territorio español como de oriundos de Sudamérica”. Quitando que lo de oriundo suena a aquellos futbolistas que se fichaban antes de la ley Bosman, que permitió que se tuviese un equipo totalmente lleno de extranjeros tipo Real Madrid, lo más llamativo de la frase es: “incluido el territorio español”. Esta frase abre algunos interrogantes. El primero sería cómo se la venden a los muy españoles y mucho españoles del PP con el que gobierna, y a sus socios de VOX. Además, qué pensarán sus amigos de la capitanía general, y todo el universo ultraespañolista conformado por policías, jueces, empresarios y periodistas que son un apoyo considerable para CC.

Esto es un lobby muy poderoso en Tenerife y, de manera particular, en Santa Cruz, con mucha capacidad para marcar de cerca las políticas insulares. CC no ha tenido ni el valor ni la voluntad de cumplir con la ley de memoria histórica y, presionado por esos lobistas, mantiene en pie las horripilantes muestras simbólicas del fascismo en la isla. ¿Quién puede creer que defenderá contra viento y marea una propuesta que es, en el fondo, un torpedo en la línea de flotación del nacionalismo español en las islas? Es difícil comulgar con esas ruedas de molino. A una llamada al orden de los poderes fácticos, los jefes de CC se cuadrarían como disciplinada tropa.

 El humo de las campañas electorales se disipa pronto. Una ley de residencia es un trabajo serio y persistente en el tiempo. No veo a CC en esa tarea, pero la tarea es urgente acometerla.