En la primera semana de este mes de junio han comenzado a llegar las multas impuestas por el delegado del Gobierno en Canarias a los organizadores de la docena de  manifestaciones y concentraciones realizadas en Las Palmas de Gran Canaria en los últimos siete meses, en solidaridad contra la masacre genocida que sufre el pueblo palestino. 

Son seis las personas a las que se les han incoado expedientes sancionadores, oscilando sus importes entre 900 y 3.200 euros.

En la tramitación de esos expedientes administrativos, en los que se imputan contrastables falsedades ideadas por la cloaca policial, se ha denegado la práctica de todas las pruebas propuestas por los afectados para evidenciar la sarta de mentiras que un par de agentes policiales torticeramente inventaron.  

En dichas manifestaciones y concentraciones no hubo ni un solo incidente en materia de orden público protagonizado por los manifestantes, siendo testigos de ello las miles de personas que participaron pacíficamente en las mismas. Y es esta la evidencia que un alto funcionario de la administración del Estado y un par de agentes policiales de bajo rango - con la patética complicidad y sumisión del delegado del Gobierno, Anselmo Pestana Padrón -, intentan hacer desaparecer. Hacer desaparecer la verdad impregnándola con la cal viva de la calumnia. Y la ocultan como muy bien saben hacer ellos: impidiendo que se practiquen las pruebas que derrumban la “presunción de veracidad” del informe de esos dos policías, que fueron casualmente los mismos en esas manifestaciones. 

Se insiste, ni una sola prueba propuesta fue ni tan siquiera admitida, tal y como obra en la resolución de Pestana.   

Magistrados como García Castillejo, Peinado, Alba  y unos cuantos más han contaminado el poder judicial. Agentes de la cloaca policial de Las Palmas y un alto funcionarios de la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria han contaminado los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y aquí no vale hacerse el ciego.

Fue la propia policía la que provocó dolosamente la situación de tensión vivida en dos de las concentraciones realizadas, una ante el consulado de EEUU en Las Palmas y otra en la Avenida Marítima: 

1. El 16 de diciembre de 2023, mientras los concentrados estaban en la acera de enfrente al Consulado, desde el edificio en que este se ubica,  comenzaron a arrojarse huevos desde las ventanas a los manifestantes, cruzando en ese momento la calle una señora de edad avanzada a fin de avisar a los policías ubicados en su fachada de lo que les estaba ocurriendo, habiendo sido la misma derribada sorpresivamente por uno de los agentes policiales. Este inusitado, irresponsable, inaudito y provocador hecho de la Policía generó como reacción que los manifestantes nos acercáramos a donde la señalada señora se encontraba en el suelo, a fin de atenderla y pedir explicaciones. La Policía derribó a continuación a dos mujeres mayores más. Sin embargo, se recuperó la calma gracias a la intervención del grupo de orden interno de los manifestantes y la concentración continuó desarrollándose como estaba previsto. Se ha presentado denuncia por esta agresión con el correspondiente parte de lesiones. A su vez se han puesto en conocimiento estos hechos, aportando imágenes grabadas de los mismos, ante esa Delegación del Gobierno, sin que hasta el momento se haya realizado investigación alguna, al menos que esta parte conozca. La denuncia in situ de que se estaban arrojando objetos a los concentrados desde las ventanas y que a buen seguro la Policía pudo observar al estar a escasos metros no produjo actuación por su parte frente a los agresores, produciéndose de nuevo una negligente actuación policial al no proteger el derecho fundamental de manifestación.
2. El día 24 de febrero de 2024, una vez comenzaba a formarse la cadena humana en la Avenida Marítima, en los puntos indicados en la solicitud, el agente al mando de la policía actuante desplazado al punto de Juan XXIII,  sin atenerse a lo acordado con la Delegación del Gobierno,  indica al convocante que la autorización del acto es para una manifestación y que por lo tanto “debemos movernos desde Alcaravaneras hasta Lady Harimaguada pero no permanecer estáticos”. Se  informa al agente que la autorización es para formar una cadena humana, insistiéndole en los inconvenientes de  modificar el formato de acto porque todo está organizado para la realización de esa cadena humana autorizada.  

Aún así y para evitar problemas tras la súbita y sorpresiva interpretación del agente al mando, que vulneraba la comunicación de la Delegación del Gobierno, forzando una interpretación malévola de la forma en que esta parte había comunicado su derecho a concentrarse, sin que la Delegación del Gobierno hubiera opuesto reparo alguno, se aceptó y comunicó a los asistentes que debíamos movernos en dirección a Lady Harimaguada, con el lógico descontrol que tal caprichosa improvisación provocó. 

Al final del acto, en Lady Harimaguada, el mismo policía comunica al organizador de la cadena humana que se ha encendido una bengala y que eso no está autorizado, reprochando “no colaborar” para identificar y perseguir a quien la portaba, obviando con un descaro deleznable que el organizador carece de facultades para identificar a cualquier ciudadano y mucho menos perseguirle ya que eso es algo que le correspondería a esta.  La Policía obviamente no actuó porque allí nada ocurrió, nada se puso en peligro, ningún daño se produjo, la concentración fue un éxito en el objetivo de mostrar la solidaridad con el pueblo palestino y fue un ejercicio ejemplar de responsabilidad ciudadana de un derecho fundamental.

Lo más grave de todo esto, como ya se ha dicho,  es la patética complicidad y sumisión del delegado del Gobierno, Anselmo Pestana Padrón, militante de PSOE, al asumir que la versión de dos policías en su actuación contra la acción ciudadana de denuncia del genocidio de un pueblo hermano es la única verdad, sin dar oportunidad de demostrar que miente, por aquello de que el sistema tiene unas exigencias no formuladas en ningún texto que están por encima de los derechos fundamentales, el pluralismo político, y la democracia.

La acción de Pestana apoyando la no neutralidad política de la policía, dejándola impune, simplemente apesta. Cuando le toque sufrirla a ellos e intenten rebelarse, probablemente ya será demasiado tarde. No aprenden. 

Es objetivo de la cloaca policial el orquestar una estrategia de represión política, implementada mediante la difamación, deslegitimación y judicialización para debilitar y romper el tejido social bajo argumentaciones relativas a la seguridad ciudadana. Hasta ese nivel llega su torpeza y delirio. La movilización a nivel mundial repudiando el  genocidio del pueblo palestino es algo imparable hasta que Palestina sea libre. La cloaca policial y su amparo por un jefecillo político local no pasarán. Que lo tengan claro.  Esta mezcla letal de máquina del fango, lawfare y violencia política será deshidratada. 

Diego de León Socorro