Canarias, como es sabido, ha llegado a una situación de emergencia migratoria como consecuencia de la llegada permanente de ciudadanos, principalmente africanos, que utiliza la ruta del atlántico en su objetivo de acceder a España y Europa en busca de un futuro de mayor dignidad que el que le ofrece sus países de procedencia, precisamente porque gran parte de esos territorios sufren aún los efectos de conflictos bélicos comúnmente patrocinados por el neocolonialismo occidental y que tienen como fondo la sustracción de su amplios recursos naturales o el control de esas zonas estratégicas.
Dentro de la problemática migratoria, resalta la situación creada por el gran número de menores acogidos actualmente en el conjunto del Archipiélago, hecho este que es la consecuencia del rechazo de las comunidades autónomas españolas, tanto del PP como del PSOE, a distribuir en sus territorios el número proporcional de menores que les corresponda para, al tanto que aliviar a Canarias de la extrema carga asistencial que soporta y la inexistencia de más recursos dignos para el acogimiento, dignificar la atención de esta migración, hoy masificada y hacinada en alojamientos inapropiados.
La necesaria modificación de la Ley de Extranjería, alegada por el gobierno de España para poder obligar al conjunto de las comunidades autónomas en el reparto de la migración y los pretextos del Partido Popular para no votar en el Parlamento a favor de esa modificación, esconden hipócritamente una actitud desprecio colonial hacia Canarias que pretende hacer de nuestro País un territorio para la deportación de la migración africana que ni España ni Europa quieren y que esconde un comportamiento indudablemente xenófobo hacia la raza negra, contrariamente al cariño dispensado a la migración blanca-ucraniana.
Por lo expuesto, INTERSINDICAL CANARIA reclama al gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, y al conjunto de la representación parlamentaria y, especialmente al Partido Popular, para que, sin más dilación, proceda a la distribución y acogimiento de la migración interceptada en Canarias en el conjunto de las Comunidades autónomas del Estado español.
Si cualquier circunstancia, hiciese imposible tal objetivo, exigimos que el gobierno de España en aplicación de las competencias que le otorgan la actual Ley de Extranjería en materia de protección de los refugiados, proceda a acoger a la migración menor de edad en las diferentes instalaciones que pertenecientes a los propios ministerios del Gobierno, dispone en el conjunto del territorio Estado español, procurándole a la migración, ahora deportada en Canarias, la integridad de recursos que necesita para una supervivencia digna.
Consejo Nacional de Intersindical Canaria