A sólo 100 Kilómetros de Canarias, la activista Saharaui Sultana Jaya y su familia en los Territorios del Sahara Occidental ocupados por Marruecos. Sultana y su familia se encuentran en una situación de aislamiento absoluto, sin que se le permita visitas, y sufriendo el asedio, durante casi un año, de su vivienda, por las fuerzas del ejército y la policía marroquí.
Esta situación, que es sostenida en el tiempo, pues la activista en cuestión lleva años soportando torturas, detenciones, vejaciones por su defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Contagiada de Covid, violada por las fuerzas de ocupación, golpeada, aislada, la mayor parte de los días sin electricidad, en su casa, por el sabotaje marroquí, Sultana resiste en pésimas condiciones, desde que el pasado el 13 de Noviembre 2020, el pueblo saharaui hiciera uso de la legítima defensa cuando las fuerzas de ocupación marroquí violaron el alto el fuego firmado 1991 al traspasar la brecha del Guerguerat.
La vida del pueblo saharaui en los territorios ocupados ha empeorado exponencialmente desde entonces, siendo las mujeres las que, una vez más, sufren las peores condiciones de vida impuestas por un estado cuyo único objetivo es el hurto de las riquezas de este pueblo hermano.
Desde Intersindical Canaria entendemos que existe una responsabilidad directa del Gobierno del reino de España en la existencia de este conflicto al no haber culminado el proceso de descolonización del territorio siguiendo la legislación internacional. Pero la Comunidad Internacional, incluidas las Naciones Unidas, no es menos responsable, pues ha hecho oídos sordos al grito desesperado del pueblo saharaui permitiendo el ataque permanente a los derechos humanos en los territorios ocupados y no habiendo sido capaz en 47 años de dar una solución al derecho de autodeterminación de este pueblo.
El gobierno de Canarias, consciente de que todo esto está sucediendo a 100 kilómetros de nuestra tierra, no puede permanecer en silencio ante semejante ataque a los derechos humanos y de las mujeres en el Sahara Occidental. Por ello, Intersindical Canaria exige al mismo que medie para salvar la vida de Sultana y su familia.