La portavoz y representante de Intersindical Canaria en materia de dependencia, Yolanda Cívicos, se reunió la pasada semana con la Diputada del Común Dolores Padrón quien le expreso su convencimiento que la nueva normativa que prepara el gobierno pone en riesgo el sistema garantista de los derechos de las personas.
El borrador del nuevo decreto sobre dependencia, presentado por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, que, dicen, pretende regular y agilizar el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia en el archipiélago, recibió más de 80 alegaciones y solo fueron tenidas en cuenta apenas 46, ninguna de ellas del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales.
Yolanda Cívicos, en nombre de INTERSINDICAL CANARIA expuso a la Diputada del Común su contrariedad por el decreto, frente a su postura en defensa de los servicios públicos. En la modificación que pretende el gobierno, no sólo vemos lagunas y ambigüedades, sino que de forma imprecisa y confusa recoge los perfiles profesionales , la formación que recibirán, o los mecanismos de coordinación que puedan asegurar un procedimiento garantista con seguridad jurídica.
Además, no se menciona como se actuará para erradicar la feminización de los cuidados o potenciar la profesionalización de los mismos."
Hasta ahora, en Canarias ha existido un sistema bifásico, es decir que la resolución de la situación de dependencia y las prestaciones asociadas a la ley se realizaba con la asistencia de dos profesionales al domicilio del solicitante y además en distintas ocasiones.
Primeramente, un valorador o valoradora que determinaba el grado de dependencia del ciudadano y, posteriormente, otro profesional estimaba el programa de atención individualizada, lo que se traduce en las ayudas a las que tiene derecho. Con el actual sistema monofásico que propone la nueva normativa acudirá al domicilio un solo profesional y, si se determina que la persona cuenta con un grado de dependencia, en el mismo instante se elaborará el PIA. De esta forma, efectivamente reduciremos el tiempo de tramitación, pero no es suficiente con una valoración única para simplificar, si se trata a la gente como meros números no está centrado en la persona con un modelo individualizado de cara a las mini residencias, viviendas colaborativas y mantener al usuario en el entorno, porque dista muchísimo de la realidad. El baremo. describe la situación real de las personas si no dejo constancia de su estado esto puede llevar a que puedes salir sin grado y quedarte fuera del sistema o te puede salir un grado I y realmente te corresponde un grado II, III o al revés... este es el mensaje muy importante que quiero transmitir", sentenció la portavoz de Intersindical Canaria.
Cívicos recalcó la necesidad del aumento de personal, el control de la externalización y la formación que reciben quiénes entran a formar parte del equipo, sin olvidar el aumento de la inversión pública. Puso como ejemplo la inversión que se realiza en Castilla y León cuenta con la misma población que el Archipiélago y tiene una dotación de 800 personas para el trabajo de valoración frente a unos 100 en Canarias. No podemos usar la dependencia como arma arrojadiza porque necesitamos un sistema garantista de derechos y que ayude en la prevención, concluyó la representante de INTERSINDICAL CANARIA.
