El pasado 31 de julio se hizo público el denominado “Acuerdo Social para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, para la regulación de un nuevo procedimiento de acceso a la pensión de las actividades con elevada peligrosidad y para el mayor aprovechamiento de los recursos de las Mutuas con el fin de recuperar la salud de las personas trabajadoras” que fue suscrito entre las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME , los sindicatos CCOO y UGT y el Gobierno del estado español (PSOE-Sumar). Frente a la valoración propagandística del presidente del Gobierno que califica el acuerdo, gestado en secreto, como muy positivo, desde Intersindical Canaria, a falta de la tramitación parlamentaria que sólo puede empeorarlo, lo valoramos como altamente nocivo para los intereses de los pensionistas, de la clase trabajadora y del mantenimiento del carácter público de servicios como la Sanidad.
A grandes rasgos el acuerdo hace referencia a cuatro aspectos fundamentalmente: Modificaciones respecto a las modalidades de jubilación, nuevo papel de las Mutuas, incentivos empresariales por la reducción de la siniestralidad y “mejoras” en la cotización de los trabajadores fijos discontinuos.
Modificaciones respecto a las modalidades de jubilación: en las modalidades de jubilación (Activa, Demorada y Flexible), lo que se objetiva es un incremento de los periodos que debe cotizar un trabajador para alcanzar en este caso, el 100% de la pensión correspondiente, prolongando la edad de permanencia en el puesto de trabajo, situación poco realista en un gran número de profesiones física y psicológicamente gravosas y que, para nuestra organización choca frontalmente con la lucha por adelantar la edad de jubilación. En cuanto a la Jubilación Parcial Ordinaria y en el sector manufacturero, venden como un avance adelantar a los 62 años la posibilidad, pero obvian decir que alargan desde 35 a 38 años la cuantía de los años cotizados para poder acceder. Añadidamente, la reducción de la edad de jubilación para ocupaciones penosas y peligrosas, voluntaria sin penalización, tal como viene reivindicando Intersindical Canaria para el sector sanitario y socio sanitario, queda en el limbo, al disponer la Dirección General de Ordenación de La Seguridad Social que el procedimiento deben instarlo conjuntamente las organizaciones empresariales o Administraciones Públicas y organizaciones sindicales denominadas representativas. En definitiva, el fin último el mantener al trabajador el mayor tiempo posible en actividad, y estimular engañosamente la prolongación de la vida laboral con la promesa de migajas, para mantener el acceso a la pensión.
Nuevo papel de las Mutuas: lo que los defensores del acuerdo llaman aliviar la presión sobre la sanidad pública y agilizar la mejora y el tratamiento de los trabajadores, es algo que desde Intersindical Canaria rechazamos. El acuerdo permite la completa privatización de la atención a los trabajadores, derivando a las mutuas, no sólo los accidentes laborales sino cualquier tipo de dolencia, por ahora Traumatológica.
Es decir, los médicos de la Sanidad Pública podrán derivar a las mutuas casos de Incapacidad Temporal (No derivada de accidente laboral) en enfermedades comunes de origen traumatológico en aquellos procesos que tengan una duración “Superior a lo recomendado”, pero además, “para la realización de las actuaciones sanitarias que estime necesarias el Servicio Público de Salud en los procesos de Incapacidad Temporal, realización de pruebas diagnósticas, tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, incluidas las intervenciones quirúrgicas”. Como es sabido, el afán economicista de las mutuas y las empresas, nada tiene que ver con mejorar las condiciones laborales de los trabajadores para evitar que enfermen, sobre todo en profesiones de elevadas cargas de trabajo físico, como puede ser el sector sanitario, sino que es la herramienta que se pretende utilizar, vinculada al discurso repetitivo sobre el “Absentismo laboral” para coartar otro derecho básico de la clase obrera: a enfermar y tener una recuperación basada en criterios de la ciencia médica y no en plazos estadísticos.
La negociación entre la Seguridad Social y las mutuas llevaba meses sobre la mesa, tal como denunció en su día Intersindical Canaria, cuando fue conocedora del borrador cuya redefinición fue uno de los puntos pactados en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva suscrito entre patronal y Sindicatos españoles en mayo de 2023. Lo que se plantea es un servicio de salud basado en las mutuas para que los trabajadores se incorporen a la mayor brevedad posible, aunque no estén recuperados, y un sistema sanitario público para la población no activa y que al parecer, puede esperar en un sistema al que se destinarán cada vez, menos recursos humanos y materiales.
Incentivos empresariales por la reducción de la siniestralidad: el acuerdo recupera esta figura. Es decir, “El bonus” que existía hasta el año 2019 y que ofrecían ventajas fiscales a las empresas que redujeran la siniestralidad laboral. Entendemos que supondría en la práctica ocultar los accidentes laborales para acceder a esos incentivos, lo que va, una vez más en detrimento de los derechos de la clase trabajadora.
“Mejoras” en la cotización de los trabajadores fijos discontinuos: Se recupera el coeficiente multiplicador del 1,5 para fijos discontinuos. Más que un avance, es la corrección de un error, ya que debió aplicarse al equiparar las cotizaciones de jornada parcial a la jornada completa, y que estaban vigentes ante de la última reforma de las pensiones.
Desde Intersindical Canaria, agravado por la excesiva vulnerabilidad socio laboral de este país, por la debilidad de su sistema sanitario, por tener las peores condiciones laborales, los peores salarios, las peores pensiones, los más elevados índices de pobreza, la población más enferma y la menor esperanza de vida del conjunto del estado español no encontramos ningún tipo de avance para la clase trabajadora Canaria en este acuerdo. Si para los empresarios. Consideramos especialmente grave como nos quieren convencer de que es un derecho el incrementar la vida laboral y la edad de jubilación, cuando, paralelamente, estudios como el recientemente publicado de la Fedea demuestran que entre los 60 y los 69 años, un incremento de un año en la vida laboral, incrementa los índices de mortalidad hasta en un 38%. Al tiempo que juegan con la vida de los trabajadores, visten de mejora la mayor andanada privatizadora e intento de desmantelamiento de la sanidad pública y de la gestión de la Salud Laboral vista hasta ahora. Por ello, nuestro rechazo, exigiendo derechos laborales reales y el blindaje de las pensiones y la sanidad públicas.
