El pasado 24 de agosto del Consejo de Ministros del tripartito ha aprobado el Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, en la misma se procede a refrendar un proyecto de texto legal, siguiendo las indicaciones del Pacto de Toledo y de la Mesa de Concertación Social, que aborde la primera parte de la nueva reforma del sistema público de pensiones. Reforma que deberá entrar en vigor, tras su definitiva aprobación el próximo enero. 

Intersindical Canaria se opone, una vez más, a la reforma prevista en su conjunto y a este proyecto de ley en particular, que sólo puede ser leído como un avance más hacia la privatización del sistema público de pensiones.  

      Los aspectos fundamentales del mencionado proyecto constituyen una agresión a trabajadores y trabajadoras y suponen una burla a las reivindicaciones del movimiento de pensionistas. Si, por un lado se plantea que las pensiones se actualizaran anualmente acorde al IPC, por otro no se establece una pensión mínima suficiente que permita vivir con dignidad a quienes llevan toda la vida cotizando. En cualquier caso, esta actualización del IPC no supone una subida de las pensiones sino el mantenimiento de su, ya escaso, nivel adquisitivo. En Canarias, con la media salarial más baja del estado español, la situación es más grave, pues cotizamos en función de lo que ganamos, en consecuencia tenemos, también, las pensiones más bajas del estado.  

El Gobierno de Madrid anuncia que se ha eliminado el factor de sostenibilidad, por el cual la pensión de jubilación se reducía progresivamente, mienten. Dicho factor ha sido sustituido por el denominado “factor de equidad intergeneracional”, que es lo mismo pero agravado, pues tendrá en cuenta la esperanza de vida en el momento de la jubilación, viviremos más pero peor. Parte de este nuevo factor, cuyo contenido exacto anuncian que se negociará con los agentes sociales en noviembre, es el pretendido “sacrificio” que deben hacer las generaciones nacidas entre 1950 y 1970. 

Los otros dos grandes aspectos del proyecto de ley afectan al retraso a la edad de jubilación y a la penalización de las pensiones anticipadas, en relación al primero solo se benefician las empresas que verán subvencionada sus cotizaciones por aquellas personas trabajadoras que hayan retrasado la edad de jubilación y se encuentren en situación de Incapacidad Laboral Transitoria, o lo que es lo mismo menos dinero para las pensiones pero más para subvencionar a las empresas.  

Desde la Confederación Intersindical Canaria, denunciamos que se sigue avanzando en la destrucción del sistema público de pensiones. No se ha derogado las reformas de 2011 y 2013, no se aportan soluciones a la brecha de género que supone para las mujeres una perdida mensual de aproximadamente 300 euros, se mantiene el retraso en la edad de jubilación sin tener en cuenta la tasa de desempleo juvenil, en Canarias el 60%. 

En definitiva, esta organización sindical entiende que se sigue avanzando en materia de pensiones, hacia los modelos europeos más privatizadores y perjudiciales para la clase trabajadora. 

Nos ratificamos en que el debate sobre las pensiones en Canarias debe darse en Canarias, atendiendo a las características concretas de nuestro mercado laboral, es decir en un marco propio, todo ello sin restar ni un ápice de solidaridad al movimiento de pensionistas en el conjunto del estado español.  

Este otoño se concretará una reforma de las pensiones histórica por su nivel de agresión a la clase trabajadora, y esta debe responder con la misma intensidad.