Empleados públicos de varias administraciones canarias en situación de interinidad protagonizaron en la mañana del pasado jueves, 16 de septiembre, una nueva protesta en contra de su situación y en defensa de su fijeza laboral junto al edificio de Usos Múltiples I en Las Palmas de Gran Canaria. 
 

El Comité de Huelga de la Administración General del Gobierno de Canarias, en el que se encuentra integrada Intersindical Canaria, expresó que el Gobierno de Canarias, con un Acuerdo certificado desde el 23 de abril del presente año y con un colectivo soportando una huelga desde el 11 de enero de 2021, sólo ha manifestado el desprecio absoluto a sus empleados públicos y a los órganos de representación legítimos para su defensa.  

Hasta la fecha, sólo se ha celebrado una reunión de cada una de las Mesas establecidas en el Acuerdo, en las que se han marcado planes de trabajo que no se han cumplido. Se han limitado a dilatar los plazos, argumentando la falta de personal y el exceso de trabajo de la Dirección General de Función Pública, y así justificar la falta real de voluntad política para solucionar el problema. 
 

El Comité de Huelga, no tiene duda alguna de que el Gobierno Socialista Canario, se ha doblegado sin condiciones a las decisiones que tome su partido en Madrid. No entiende que, después de los avances de negociación alcanzados, los meses en huelga, la situación de los servicios públicos de Canarias y la necesidad de gestionar los Fondos Europeos con la precariedad laboral en la que se encuentra nuestra Administración, el Gobierno de Canarias haya mostrado su incapacidad para resolver el conflicto y dar un paso adelante, un Gobierno que se autoproclama progresista y que cuenta con formaciones nacionalistas. 
 

Par los trabajadores públicos en conflicto, El Presidente Ángel Víctor Torres, debería evitar que nos adelanten por la derecha. Sería muy difícil de entender para los empleados públicos y la ciudadanía, que debido a su indiferencia y falta de valentía, 50.000 familias canarias queden condenadas a la exclusión social, mientras los Presidentes de otras comunidades resuelven la solución sin necesidad del drama, pérdida económica y de salud que llevan los empleados públicos en fraude de ley de Canarias.