Centenares de líderes sociales son asesinados en Colombia todos los años. A esta realidad se suma la presión de la oligarquía colombiana, que parece muy empeñada en que las elecciones presidenciales no se lleven a cabo con las garantías democráticas suficientes. El miedo de la derecha a perder el poder que detentan desde hace décadas se ha hecho más que patente en las numerosas irregularidades que pudieron ser observadas en las pasadas elecciones legislativas y en las primarias a la presidencia y en las elecciones para elegir la jefatura del Estado.
La cita en las urnas del próximo fin de semana tendrá lugar tras el inicio de las masivas protestas que se llevan sucediendo en desde 2019 contra el gobierno del conservador Iván Duque (acusado, entre otras, del uso desmedido de la de violencia policial y militar para reprimir estas manifestaciones, así como de vínculos con el narcotráfico y con el crimen organizado) que ha incumplido de forma sistemática los Acuerdos de paz con las FARC, firmados en La Habana en 2016 y en la que la opción de izquierda que representa el Pacto Histórico puede hacerse con el poder en el país.
Las cifras de la represión hablan por si solas: 83 asesinatos, 96 víctimas de violencia ocular, 35 víctimas de violencia sexual, 1661 víctimas de violencia física y 2053 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes durante el paro nacional. En lo que llevamos del 2022, 59 líderes y lideresas sociales y 17 ex-combatientes de las FARC y firmantes de los acuerdos de paz han sido asesinados.
Son numerosas las informaciones que apuntan a que la jornada electoral y preelectoral puedan verse truncadas. No sería de extrañar, como decíamos, en un país en el que, durante demasiados años, los asesinatos de líderes y lideresas sociales, de ex-combatientes reintegrados a la vida civil, de campesinos e indígenas, de jóvenes y mujeres han sido una constante, donde las amenazas de muerte contra dirigentes sindicales descubren la persecución por parte de quienes pretenden coartar e impedir la movilización y protesta social por medio de la represión, la intimidación, el miedo y el terror, se redoble la apuesta autocrática y antidemocrática que quiere impedir el acceso al poder a la fuerza política que, a tenor de las encuestas, es la favorita del pueblo colombiano.
Esta situación política y social que a tenor de numerosas organizaciones internacionales parece ser amparada cuando no directamente inducida por un
ejecutivo, que apuesta por una estrategia de guerra contra una Colombia, que merece, lucha y ansía avanzar hacia un escenario de paz y democracia.
Las organizaciones firmantes, comprometidas con la libertad, la democracia y el progreso de la clase trabajadora de los pueblos, hacemos un llamamiento a las instituciones internacionales para que observen con especial atención el desarrollo de esta última parte de la campaña electoral y pongan todos los medios a su alcance para garantizar que tanto ésta como el proceso electoral en sí mismo se lleve a cabo bajo las condiciones de seguridad y garantías democráticas que deben presidir siempre estas jornadas. La comunidad internacional no puede bajo ningún concepto permitir que el ejercicio democrático de un pueblo sea sometido a presiones en forma de balas o decretos que impidan su natural desarrollo.
FIRMANTES: UGT (España), LAB (Euskal Herria), CUT (Brasil), CGT (Argentina), CTA Autónoma (Argentina), CTA de los Trabajadores (Argentina), CUT (Chile), PIT-CNT (Uruguay), UNT (Mexico), CGIL (Italia), UGT (Portugal), CISL (Italia), CUT (Galiza), CIG (Galiza), CUT (Aragón), CSI (Asturias), Intersindical Valenciana, Intersindical Catalana, Intersindical Canaria, SAT (Andalucía), OSTA (Aragón), CGTP (Portugal), CGTP (Perú), CTC (Cuba), CTB (Brasil), CBST (Venezuela), CST-JBE (Nicaragua), FAT (Panamá), CCOO (España), UGT SARIO (Sáhara), Unidad Clasista (Brasil)
