La pasada semana tuvimos conocimiento de que la empresa adjudicataria de los servicios de vigilancia en los centros de salud de Gran Canaria y en los Hospitales Juan Carlos I y San Roque de Guía comunica al representante de los trabajadores la intención de renunciar a seguir prestando servicios en los citados Hospitales en las próximas fechas y seguidamente hacer los mismo el próximo mes de mayo en los centros de salud.

La mercantil P.S.V Seguridad la cual presta servicios en la actualidad informa que deben tomar esta decisión debido a que no pueden hacer frente a la deuda contraída por la anterior adjudicataria con la Seguridad Social.

Desde nuestra organización sindical exigimos a la Consejería de Sanidad que tome cartas en el asunto para garantizar que los trabajadores y trabajadoras de Seguridad los cuales sumando los Hospitales y los centros de Salud son aproximadamente doscientas familias no pierdan su empleo y por supuesto que se siga garantizando la seguridad, del personal, de los usuarios y de los pacientes de los centros hospitalarios los cuales no tienen responsabilidad alguna de la mala gestión de las empresas y la nula fiscalización de las mismas por parte de la propia Consejería.

Según declaró en un programa de radio la semana pasada un directivo de la empresa de Seguridad que presta servicios en la actualidad (PSV Seguridad) la deuda que le imputa la Seguridad social corresponde al periodo comprendido entre el 2013 y 2019 fecha en la que Seguridad Integral Canaria propiedad del explotador Miguel Ángel Ramírez campaba a sus anchas en los servicios dependientes de la Consejería de Sanidad sin que nadie de la misma fiscalizara el cumplimiento de las obligaciones de esa empresa con los trabajadores y trabajadoras y con las cuotas de la Seguridad Social de los mismos.

Tememos que si la empresa P.S.V. Seguridad abandona esos contratos ninguna otra empresa quiera hacerse cargo de los mismos para no subrogar con ello la deuda contraída por Seguridad Integral canaria quedando los concursos públicos desiertos tal y como pasó con el concurso de seguridad del Hospital Juan Carlos I.

De esos polvos estos lodos y como suele suceder siempre los damnificados al final son los trabajadores y trabajadoras