¿Quiénes eligen las banderas?

Raúl Vega

Hace escasas semanas se cumplieron seis años de la llegada de Felipe VI al trono real. Su padre había dinamitado su fama de campechano e intrascendente, dos dudosas virtudes, entre elefantes y yernos que se dedican a algo más que al balonmano. En estos días ha saltado la noticia de la investigación del Tribunal Supremo en su participación en la adjudicación del AVE de la Meca a Medina, en Arabia Saudí. El consorcio empresarial español obtuvo el contrato en 2011 y la Fiscalía investiga un posible fraude fiscal y blanqueo de capitales.

No es la primera en la que anda metido el Rey Emérito y la familia real en general, pero sí es posiblemente la más gorda. Tertulianos y estómagos agradecidos denuncian una persecución política del gobierno “social-comunista” y aclaran que, en ese momento, en 2011, el emérito seguía estando aforado. No sé de qué me suena esa excusa… Los partidos políticos mayoritarios miran para otro lado y solo tímidamente Podemos pide una Comisión de Investigación parlamentaria que el bipartidismo bloquea.

En la España campechana y de la basura debajo de la alfombra, todo es posible, más si los tribunales están de por medio. Por ejemplo, es posible que se escupa sobre un acuerdo plenario democrático, hecho, además, acorde a las leyes que impone el Estado. Se trata del acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 2016 que permitía enarbolar la bandera canaria de las siete estrellas verdes en un lugar visible en su sede central. El Tribunal Supremo dice ahora que no, que es un símbolo que no entra dentro del marco constitucional, por lo que echa por tierra esa votación y elimina el acuerdo plenario.

Dice la sentencia del Tribunal Supremo “que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”. Por lo tanto, podríamos añadir a esa lista la bandera gay, a la del Sáhara, Palestina, etc.

Sin embargo, el juez de lo penal Carlos Viader, ha añadido más confusión al definir la sentencia como “matizable”. En un cambalache de primer orden, Viader argumenta que se podrán seguir enarbolando símbolos como la bandera arcoíris o los lazos contra el cáncer de mama porque “representan principios constitucionales”. Un rasgo que, a juicio del juez, no incluye la bandera canaria dado que “tiene connotaciones terroristas”.

Debe haber pocos Estados del mundo donde un juez haga una afirmación de ese tipo, procedente de una interpretación personal, y que va en contra de la mayoría del pueblo canario que la usa, defiende y tolera. Un análisis de un jurista que más parece propio de una escena de película de Berlanga que de un Estado que se dice serio. Es probable que el señor Viader ni siquiera sepa que el origen de la actual bandera autonómica, la que cuelga de los balcones y que es oficial, es aquella bandera creada por Antonio Cubillo en Argel en 1964. Además, hoy en día tiene muchas connotaciones. Lucha ecologista, lucha sindical, festiva, identitaria, cultural, etc.

Papa de otro saco es la reacción de los partidos políticos que la defienden y la tienen como su bandera. Poco o nada hemos sabido de Coalición Canaria, Nueva Canarias, Podemos, Sí Se Puede o Izquierda Unida. En el ámbito sindical, honra a Intersindical Canaria su voluntad de legalizarla. Creo que es el camino para que personajes berlanguianos, como los que fijaron la sentencia o como el señor Viader, se tengan que tragar sus propias palabras si no quieren llamar a la mayoría del pueblo canario terroristas a su cara. Ahora lo hacen, pero no los ampara la legalidad que ellos tanto defienden y que usan a voluntad. En la España que camina hacia la deriva autoritaria y antidemocrática, la agresión contra la exhibición de nuestra bandera en institución pública, solo es una anécdota que esconde una voluntad no disimulada de volver a una España que sea una, grande y libre.

En plena desescalada, con un pueblo herido y con limitaciones de socialización, la noticia ha pasado bastante desapercibida. Espero que los demócratas canarios, los que realmente deben definir los símbolos que nos representan, eviten la sentencia autoritaria y planteen alternativas. Ya la presión social viró la prohibición de la misma bandera (la pobre, siempre tan censurada) en el Estado de Gran Canaria. En la España campechana que dibujó Berlanga, una casta autoritaria y antidemocrática defiende sus intereses y a sus miembros más apreciados, por la gracia de Dios y de la herencia. Como diría el verdugo de Berlanga, “al que se muere en domingo deberían meterlo en la cárcel”.

Raúl Vega en Tamaimos