Presos políticos catalanes: un bocado de conciencia

Manuel-Dominguez Moreno

Lo que el Estado español está haciendo con las y los presos políticos o políticos presos catalanes ya está rozando el ensañamiento, además de que se pudieran estar vulnerando derechos fundamentales de las personas.

Un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino y violento, por parte de un grupo de poder, vulnerando las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad. Se distingue de los conceptos de revuelta, motín, rebelión, revolución o guerra civil. ¿Pretendieron Oriol Junqueras o Carles Puigdemont hacerse con la Jefatura del Estado? No. ¿Sacaron los tanques a la calle como sí hizo Milans del Bosch? No. ¿Tomaron por la fuerza los centros neurálgicos del poder del mismo modo en que lo hizo Antonio Tejero? No. Cuantas preguntas que se hagan en base a lo que verdaderamente genera un golpe de Estado tendrán la misma respuesta.

Hubo un referéndum ilegal y una declaración unilateral de independencia en el Parlament de Catalunya. Eso sí es cierto, sensu stricto. Sin embargo, las acusaciones por las que se les está juzgando son exasperadamente exageradas. Además, tal y como afirman varios analistas jurídicos que nada tienen que ver con el independentismo catalán porque, en su gran mayoría, son naturales de la Meseta, la actitud que están tomando ciertas instituciones del Estado ponen en serio riesgo al Reino de España de ser condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El asunto catalán nos está llevando a una situación de crisis democrática. No por lo que se afirma desde el nacionalismo español, sino porque está produciendo movimientos que podrían ser catalogados de irregulares desde el punto de vista de los valores mínimos que debería ostentar una democracia.

En primer lugar, nos encontramos a una Administración de Justicia para la que todo lo relacionado con el procés catalán se resuelve en poco tiempo, mientras que se eternizan otros casos en los que sí se ha dado un verdadero golpe de Estado. Lo vemos con lo ocurrido con las diferentes causas del Banco Popular. Se van a cumplir dos años del día en que se arruinó a más de 305.000 familias y ni siquiera se ha llamado a declarar a los presuntos responsables, principalmente a los señalados en diferentes documentos oficiales. En este caso sí que se dio un golpe de Estado de tipo económico en el que hubo connivencias entre el gobierno de entonces, los organismos supervisores y las instituciones europeas para llevar a un banco solvente a manos de otra entidad que pagó sólo un euro.

Desde el punto de vista de la democracia, el procés catalán ha mostrado cómo en España gobierna el único poder que no ha sido elegido por los ciudadanos. Lo hemos visto estos días con la suspensión en el Parlamento de estos políticos presos. El poder legislativo acepta lo indicado por el judicial sin cuestionárselo, lo mismo que el ejecutivo que siempre se escuda en el respeto a las decisiones de los tribunales. Por tanto, ¿estamos en un país en el que el tercer poder es el que tiene el mando? ¿Precisamente el poder que no es elegido democráticamente? ¿El respeto a las decisiones judiciales debe mantenerse a pesar de que se esté generando injusticia?

La historia nos dice que quien verdaderamente dio un golpe de Estado fue el teniente coronel Antonio Tejero Molina, héroe de la ultraderecha, y que, tan sólo pasó en la cárcel 10 años, a pesar de que fue condenado a 30. El teniente general Jaime Milans del Bosch también fue condenado a 30 años, pero sólo pasó 9 años tras ser liberado en 1.990. El general de división Alfonso Armada se le impuso una pena de 30 años de prisión, pero fue indultado seis años después por el gobierno de Felipe González. El resto de los cabecillas del 23F pasaron en la cárcel un máximo de 7 años.

Sin embargo, todo hace indicar que estos políticos y políticas presas estarán en la cárcel más tiempo que los golpistas de 1.981.

El encarcelamiento de Oriol Junqueras, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y DolorsBassa, también roza la vulneración de derechos. No están condenados por ningún tribunal y las razones para mantenerles en prisión preventiva no se sostienen porque, en realidad, la gran mayoría de los líderes catalanes que se encuentran en el extranjero residen en países de la Unión Europea, países democráticos que respetan el Estado de Derecho y que, tras las múltiples órdenes de detención y extradición enviadas a los órganos judiciales de esas naciones por parte de la Justicia española, se ha determinado que no son reos de extradición y están viviendo libremente. Por lo tanto, sólo por este motivo, seguir manteniendo a los políticos y políticas catalanas encarceladas provisionalmente vulnera el derecho humano a la libertad.

Por otro lado, algunos de los encarcelados ganaron en las elecciones generales su escaño en el Congreso o el Senado. Fueron los ciudadanos los que decidieron que ocuparan un sitio en las Cortes. Sin embargo, la persecución continúa, el ensañamiento del Estado no para y, cuando esto ocurre, se vulneran derechos, en este caso el de representación política. Millones de los votantes que acudirán mañana a las urnas en las municipales, europeas y autonómicas depositaron su confianza en estos ciudadanos juzgados y encarcelados provisionalmente y otros tantos votarán, desde distintos pueblos, comunidades y espacios geográficos o sociológicos de todo el Estado español, a estos políticos presos en las elecciones al Parlamento Europeo. En consecuencia, ¿a quién está juzgando como «golpista» la Justicia, el poder que aún no ha hecho su revolución democrática desde la dictadura franquista?

Todo ello a personas que no están condenadas. ¿Tenemos que recordar a esos grupos parlamentarios del Partido Popular que estaban plagados de imputados por corrupción? A nadie se le ocurrió suspenderles hasta que no fueron condenados y tuvieron que renunciar a su acta.

Por tanto, el Estado debe hacerse responsable de lo que está permitiendo a hacer a quienes tienen la responsabilidad de actuar y que lo hacen en base a criterios tecnicistas y no de conciencia. Por eso, es necesario que España empiece, de una vez, a mirarse hacia dentro para, en el caso de hallarlo, dar un bocado de conciencia para que el respeto y la humanidad se impongan al odio y la revancha.