Ni la libertad de pensamiento… (La bandera nacional canaria)

Vicent Partal

El 30 de septiembre de 2016 el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó una moción de reconocimiento de la bandera nacional de estas islas africanas. La moción constaba de dos puntos. El primero decía que se reconocía ‘la bandera nacional de Canarias (la bandera de las siete estrellas verdes) como uno de los símbolos colectivos con los que se siente identificado el pueblo canario, expresión de las luchas históricas en favor de la instauración de la democracia, la libertad y la consecución de cotas de bienestar más grandes para la gente, en pro de la construcción de una hermandad más grande entre las islas’. Y en el segundo punto el ayuntamiento acordaba colgar la bandera nacional canaria cada 22 de octubre en el balcón.

Las Canarias no tenían ninguna bandera histórica como tal que reuniera al país entero. Cuando, a principios de los años sesenta del siglo pasado, en plena dictadura franquista, aparecieron los primeros grupos nacionalistas, tanto el Movimiento Canarias Libre como el Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia de Canarias acordaron el diseño de una bandera propia del país. Fue la tricolor con las siete estrellas, símbolo de las islas, de africanidad y de progreso. Se popularizó inmediatamente y hoy es la bandera que utiliza la mayor parte de la población y no únicamente los movimientos independentistas. Es la bandera que utiliza Coalición Canaria, por ejemplo, la que usan los sindicatos y la que ondea Pablo Iglesias cuando fue a buscar votos. Al respecto, hay que aclarar que no es exactamente el equivalente de la estelada sino más bien el equivalente de las cuatro barras.

Cuando en 1982 se discutió el estatuto de autonomía la derecha españolista consideró que las estrellas tenían una carga política que había que evitar y forzaron un pacto. La bandera oficial de Canarias sería la que habían inventado los independentistas, porque tenía una popularidad evidente, pero sin las estrellas. Y así ha quedado. Con un detalle curioso, añadido con el paso de los años. Hoy la bandera de la autonomía canaria, para combatir la bandera nacional canaria con las estrellas, incorpora el escudo oficial. Pero, curiosamente, este diseño no ha sido nunca aprobado oficialmente. No hay ninguna disposición que avale legalmente esta enseña.

Sin embargo, ayer, el Tribunal Supremo español hizo pública una sentencia en la que afirma que ‘el uso, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y particularmente, con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas’. Y por eso prohíbe que la bandera nacional canaria pueda ondear en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

No hay que engañarse: esta sentencia es un paso más en la restricción de libertades de España utilizando especialmente al Tribunal Supremo. De lo contrario, no se explica cómo es que los magistrados anulan aquel acuerdo municipal afirmando que la bandera de siete estrellas ‘no es la bandera oficial’ y al mismo tiempo no encuentran importante que la bandera que ondea, con el escudo, tampoco no lo sea. Pero aún es más fuerte lo que dicen a continuación: que como no es la bandera oficial ‘no se le puede atribuir la representatividad del pueblo canario’. La pretensión de los magistrados es en este punto inaudita: ¿nos dicen que solo lo que es oficial puede ser representativo de un pueblo? Es decir, ¿no existe el ‘pueblo’, con capacidad de tomar autónomamente ninguna decisión al margen -o junto, si lo ‘voleu’- de las instituciones? ¿Es por tanto la institución que fabrica el pueblo y no el pueblo que hace la institución?

Es evidente que el pensamiento que se esconde tras este silogismo responde a un concepto no democrático de las relaciones sociales. Y es a partir de esto que la magistrada autora de la decisión dice que el ayuntamiento no puede exhibir la bandera ‘aunque lo votan la mayoría de los grupos políticos’. ¿Por qué? Pues según ella porque esta es una decisión que no ha lugar en el ayuntamiento. ¿Y el Tribunal Supremo sí? La consecuencia de esta mentalidad es tremenda y solo se puede definir de colonialista: los canarios no pueden decidir si se puede exhibir o no su bandera nacional, la que ellos han reconocido como tal, pero una jueza que vive a 1.750 kilómetros de distancia, a tres horas de vuelo en avión, sí.

Para que no haya confusiones ni malentendidos: el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que ha motivado la prohibición del Supremo español votaron a favor de izar la bandera nacional canaria Nueva Canarias, Coalición Canaria, Unidos por Gran Canaria, Podemos y el PSOE. Y solo votó en contra el PP. Y cuando el abogado del estado impugnó la decisión el Tribunal Superior de Justicia de Canarias argumentó para considerar legal la votación que no se podía justificar ‘la restricción de libertades tan esenciales como la libertad de pensamiento para atribuir a una bandera un determinado significado social que no vulnera precepto del ordenamiento jurídico’. Naturalmente, ahora la jueza de Madrid también ha fulminado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ni la libertad de pensamiento no vale ya para esta gente.

PS1. La decisión de ayer significa, por cierto, que ya no se pueden colgar en organismos oficiales, sin tener problemas legales para ello, estrelladas, cuatribarradas en Valencia, ikurriñas en Navarra ni banderas nacionales en Canarias. Pero tampoco -¡eh! – banderas LGTBI, del Sahara Occidental ni republicanas españolas. Hay una cierta esquerreta españolista, cegada por su nacionalismo fanático, que es tan obtusa que incluso aplaude mientras la ahogan a través nuestro. Una esquerreta que ayer, por cierto, se puso muy nerviosa, llegando al insulto y la amenaza, con la explicación que hice del concepto teórico de la ‘democracia étnica’ . Nos quieren ignorantes.

Vicent Partal es director de VilaWeb