Los usuarios y trabajadores judiciales vuelven a ser víctimas del caótico sistema informático

280619 JUSTICIA TENERIFE

Resulta que una vez más en los órganos judiciales  de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se  está provocando  un caos informático debido a los numerosos fallos y defectos que presenta el programa de gestión ATLANTE II,  produciendo el colapsado casi absoluto en las oficinas judiciales y fiscales. La falta de capacidad de los servidores (origen y causa de casi todos los demás) conlleva la imposibilidad de grabación de las declaraciones en las salas de vista, y dificultades con las notificaciones telemáticas con el resto de operadores jurídicos cuya ejecución es tarea del funcionario. Existen también dificultades en el registro de asuntos, presentando errores informáticos con continuos problemas por la lentitud del sistema tanto en la prestación del servicio en los juzgados de guardia y en las actuaciones judiciales como en las diligencias o comparecencias presenciales. Todo ello causa, problemas serios al colectivo de funcionarios, pero aún más a la prestación del servicio de cara al ciudadano, pudiéndose afirmar que en Tenerife no se está prestando un servicio de calidad. 
       
 A este problema, de por sí grave, se unen las críticas por la ineficiencia e ineficacia del servicio que precisamente se ocupa de la tramitación e información de las incidencias del sistema informático ATLANTE II, conocido como CAU de Justicia en Canarias. Estas situaciones se enmascaran al no informarse de la realidad de estas incidencias generalizadas del sistema en la Provincia, aludiéndose siempre a “caídas del sistema” “actualizaciones” y otras más artísticas como “fallos en el cable submarino” o “estar el sistema bajo inspección”. Algo inadmisible, para Intersindical Canaria.

Por otra parte, la Firma Digital que incluyen las resoluciones y documentos electrónicos que se elaboran con el Sistema Atlante II, no posee la garantía suficiente para ser aceptados por determinados Registradores (registro de bienes muebles, de la propiedad, etc.) o por Notarios, lo que obliga a seguir usando el papel físico y la firma manual por los jueces y/o letrados de la Administración de Justicia. 

Desgraciadamente no es la primera vez que ocurre,  sin que los responsables  de la  Consejería del gobierno canario tomen medidas para solucionar los problemas, y busquen soluciones.

       Por último, para actualizar y modernizar la administración de Justicia, es necesario que se dispongan de los medios suficientes para llevar a cabo la misma, tarea ésta a la que el nuevo gobierno de Canarias debe dar absoluta prioridad  ante el evidente bloqueo  en la que se mantienen  las oficinas judiciales y fiscales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.