Resulta que una vez más
en los órganos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se
está provocando un caos informático debido a los numerosos
fallos y defectos que presenta el programa de gestión ATLANTE
II, produciendo el colapsado casi absoluto en las oficinas
judiciales y fiscales. La falta de capacidad de los servidores (origen y causa de
casi todos los demás) conlleva la imposibilidad de grabación de las
declaraciones en las salas de vista, y dificultades con las notificaciones
telemáticas con el resto de operadores jurídicos cuya ejecución es tarea del
funcionario. Existen también dificultades en el registro de asuntos,
presentando errores informáticos con continuos problemas por la lentitud del
sistema tanto en la prestación del servicio en los juzgados de guardia y en las
actuaciones judiciales como en las diligencias o comparecencias presenciales.
Todo ello causa, problemas serios al colectivo de funcionarios, pero aún más a
la prestación del servicio de cara al ciudadano, pudiéndose afirmar que en
Tenerife no se está prestando un servicio de calidad.
A este problema, de por sí grave, se unen las críticas por la
ineficiencia e ineficacia del servicio que precisamente se ocupa de la
tramitación e información de las incidencias del sistema informático ATLANTE
II, conocido como CAU de Justicia en Canarias. Estas situaciones se enmascaran
al no informarse de la realidad de estas incidencias generalizadas del sistema
en la Provincia, aludiéndose siempre a “caídas del sistema” “actualizaciones” y
otras más artísticas como “fallos en el cable submarino” o “estar el sistema
bajo inspección”. Algo inadmisible, para Intersindical Canaria.
Por otra parte, la
Firma Digital que incluyen las resoluciones y documentos electrónicos que se
elaboran con el Sistema Atlante II, no posee la garantía suficiente para ser
aceptados por determinados Registradores (registro de bienes muebles, de la
propiedad, etc.) o por Notarios, lo que obliga a seguir usando el papel físico
y la firma manual por los jueces y/o letrados de la Administración de
Justicia.
Desgraciadamente no es la primera vez que ocurre, sin que los
responsables de la Consejería del gobierno canario tomen medidas
para solucionar los problemas, y busquen soluciones.
Por último, para actualizar y modernizar la
administración de Justicia, es necesario que se dispongan de los medios
suficientes para llevar a cabo la misma, tarea ésta a la que el nuevo gobierno
de Canarias debe dar absoluta prioridad ante el evidente
bloqueo en la que se mantienen las oficinas judiciales y
fiscales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
