Los Delegados de Prevención de Intersindical Canaria reivindican formación, información, EPI y TEST

Como cada 28 de abril, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a instancias de los movimientos sindicales, celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con el fin de promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Además se conmemora el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos.

Si en la actividad cotidiana ha estado ausente una adecuada política de prevención de riesgos laborales en el Servicio Canario de la Salud, durante la emergencia sanitaria que ha supuesto la irrupción de la pandemia de COVID-19, se ha evidenciado la falta de cultura y responsabilidad, al hacer a un lado a los Comités Insulares, Departamentales, Sectoriales y el Interdepartamental, órganos donde están integrados los delegados de prevención y a los cuales se ha mantenido al margen, hurtando la información. La figura de la Secretaría General Técnica en Sanidad,  pieza clave en esta crisis ha estado desaparecida.

Por otro lado, la gestión, tanto del  gobierno español y el canario,  como de sus comités de expertos se ha basado en la incapacidad manifiesta para dotar a los trabajadores de equipos de protección individual (EPI) y para la realización de test. Esto ha propiciado unas cifras de trabajadores contagiados alarmantes que alcanzan hasta cerca del 26 % de los afectados. Hasta el momento, se ha dado la esperpéntica situación de, si hay EPI, es de uso obligatorio, si no hay, no pasa nada. Cuando no, el fracaso de las compras centralizadas a través del Ministerio, han llevado a la recepción de equipos inservibles y que no cumplen en absoluto su función o, aún peor, equipos adquiridos como idóneos que luego son inservibles, exponiendo doblemente a los trabajadores.

Esta organización sindical lleva años reivindicando el aumento de plantilla de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), que se han visto doblemente desbordadas. Es fundamental la formación en horario de trabajo, ya que para la adecuada protección, igual de importante es colocarse un EPI como quitárselo y depositar el material usado en un contenedor específico como su perfecto cierre.

Reivindicamos además los mapas de puestos de trabajo exentos de riesgos, evaluaciones de puestos de trabajo… En estos momentos, por la falta de medios, todas las unidades de PRL están volcadas en la COVID-19 y se han paralizado las revisiones médicas y adaptaciones de puesto de trabajo del resto por otros motivos. Se debe aumentar la plantilla de esas unidades y desdoblar la organización para dar respuesta al conjunto de trabajadores. 

Mención expresa merece la obligatoriedad que tiene cada centro de trabajo de proporcionar taquillas, uniformes, calzado, toallas, vestuarios a todo el personal que preste sus servicios con independencia de si es fijo o temporal.

Conocemos que las precarias condiciones laborales en el país canario, lo colocan a la cabeza en siniestralidad laboral por sectores y, debería ser un contrasentido que, precisamente en la mayor empresa pública de Canarias, el Servicio Canario de la Salud (SCS), cuyo fin último es proteger la salud y la vida, se estén dando en estos momentos, situaciones alarmantes en cuanto al incremento de la siniestralidad laboral que están relacionadas con las elevadas cargas de trabajo que soportan los profesionales, la falta de equipos de protección y con los incumplimientos por parte de la Administración de los aspectos legales más básicos y la falta de inversión en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL). Entendemos que cada área de salud en Canarias, debe contar con un centro de referencia para Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo.

Es fundamental una adecuada dotación presupuestaria en el conjunto del SCS  y en el ámbito de la PRL, no solo para dotar de recursos humanos técnicos en la materia que puedan aplicar el desarrollo de las medidas, tanto en los aspectos relacionados con la COVID-19 como en todos los aspectos relacionados con la prevención, sino para acabar con los recortes en recursos humanos y materiales, principales causantes del riesgo y  la sobrecarga laboral y asistencial que se encuentran tras el incremento de la siniestralidad.

A día de hoy se mantiene un  total oscurantismo en cuanto al contrato vigente con la Mutua de Accidentes de Canarias, encargada de la atención de los accidentes laborales y enfermedades profesionales de los trabajadores del SCS, como no, otra privatización de servicios de salud, que han tardado en quitarse de en medio en los temas relacionados con la pandemia.

Desde Intersindical Canaria, además de haber jugado un papel proactivo, de necesaria vigilancia en el seguimiento de la crisis sanitaria que nos afecta en estos momentos, no olvidamos, venimos denunciando desde hace años y entendemos que además, las especialidades o disciplinas preventivas de Seguridad en el Trabajo, de Higiene Industrial, de Ergonomía y Psicosociología Aplicada y de Medicina en el Trabajo deben ser asumidas por cada uno de los servicios propios de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Sanidad y para ello se debe dotar a la mayor brevedad  de recursos humanos y materiales suficientes y eficaces para erradicar de una vez los conciertos con entidades especializadas en servicios de prevención ajenos. El Decreto 168/2009 sigue sin ejecutarse en su totalidad y después de una década en vigor se puede decir “que es un fraude”. Este y otros elementos fundamentales se engloban dentro del ejercicio continuado de desmantelamiento de la sanidad pública practicada fehacientemente por los sucesivos gobiernos desde hace más de dos décadas y cuyas consecuencias negativas para los trabajadores y la población general ahora, más que nunca heredamos.

Canarias, 28 de abril de 2020.