Las lamentaciones que algunos sectores de la patronal canaria plantean en torno a la huelga de los estibadores y la pérdida en millones de euros que, según afirman, ocasionan los paros, no han ido acompañadas de ninguna iniciativa empresarial para que las negociaciones se agilicen y propicien un acuerdo que también evite “el catastrófico” desabastecimiento que la avariciosa patronal canaria además augura. Tampoco el Ejecutivo español, tras aprobar el decreto que desencadenó el conflicto, ha hecho mucho. Al contrario, el portavoz parlamentario del PP en Madrid, hecha gasolina al conflicto insultando gravemente al colectivo de trabajadores con adjetivos y descalificaciones irreproducibles. ¿Son conscientes unos y otros que con su proceder están propiciando un enconamiento del conflicto? El denominado Estado de derecho, sustentado también en el respeto y cumplimiento de los acuerdos consolidados y libremente pactados entre las partes, obligan legal y moralmente al gobierno y a la patronal, lo que les debe llevar, de inmediato, a asumir los actuales derechos laborales y sociales de los estibadores, incluida la subrogación futura del conjunto de los puestos de trabajo, reivindicación esta que motiva ahora el conflicto laboral.
1
