La salud, la sanidad, gobernantes y ciudadanos (y III)

En los países desarrollados hoy no se trata de vivir más, sino de tener una vida significativa. La inclusión social de las personas mayores, con discapacidad o dependientes, vivan solas o en residencias y pisos supervisados, vistas sus precariedades de atención y su desvinculación del sistema sanitario, e incluso, de los servicios sociales, formando cadenas hoteleras y nuevo nicho de negocio con la caída del sector de la construcción. Es para pensar si las mismas son necesidad de estas personas o resuelven las necesidades de otros. Realmente, el modelo de residencias masivas con alta concentración de población debe ser abandonado. Buenos ejemplos hay en las Islas. La filosofía de una vejez digna y en la propia comunidad de referencia debe imponerse. Los modelos de cooperativas y la atención a domicilio, debería ofrecerse como alternativa en los sistemas públicos, sin desvincularse la atención primaria y social, con equipos territoriales bien dimensionados de promoción de la salud en la tercera edad, gestionados conjuntamente con los ayuntamientos de una o varias zonas básicas de salud. En Canarias tenemos experiencia de este modelo.

En el caso de las personas con trastornos mentales graves hemos desarrollado – en Tenerife desde 2004- un modelo de atención de seguimiento en la comunidad -equipos comunitarios asertivos- para las personas que viven en residencias, pisos y domicilios propios. Es un modelo exportable para atender otras necesidades y problemas relacionados con la cronicidad en Salud. El sistema de protección social deberá orientarse hacia la promoción de la autonomía personal y no solo de la atención a la dependencia y la sostenibilidad económica revisada. La Salud Mental y los Servicios Sociales no pueden seguir trabajando a golpe de teléfono, en compartimentos separados, y bajo lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. De esto hemos escrito muchas veces. La ley de servicios sociales desarrollada fortaleciendo los ayuntamientos, y la renta mínima vital sin carácter temporal. Asimismo, la mejora de la gestión y financiación de la ley de dependencia es un clamor, y basada en los servicios públicos.

La pandemia ha evidenciado que cuando a la comunidad se le hace partícipe de su propio cuidado, esta asume su responsabilidad. Se ha entendido que el sistema de salud tiene sus límites y siempre los va a tener, por mucho que se invierta. Este es un momento estratégico para seguir con el movimiento de apoyo mutuo de la ciudadanía para sus cuidados, pero ello no puede realizarse sin que la población evidencie las ganancias de su participación, como ha ocurrido esta vez, ni puede realizarse desde una cultura culpabilizándola. Educar o promover la salud no es ofrecer clases o programas súper estructurados, sino que es analizar y conocer bien las demandas más sentidas y cooperar con los líderes locales. Desde donde se realiza esta misión no es banal. Su lugar es la atención primaria, no por equipos ajenos al propio territorio. La experiencia de San Bartolomé de Tirajana hay que sacarla del baúl, a pesar de que la misma no se realizó en condiciones ideales. Pero el estado no puede desatender su responsabilidad, y dejarlo todo en manos de los ciudadanos.

Esta cultura no está en la agenda política ni en los gestores sanitarios de primera línea. La experiencia de la pandemia podrá elevar estos ingredientes para una profundización de la democracia en el sistema sanitario.

Francisco Rodríguez Pulido, profesor titular de Psiquiatría