Intersindical se adhiere a la Carta de Apoyo al Sector Primario en Canarias promovida por BEN MAGEC

INTERSINDICAL CANARIA se manifiesta en apoyo a la carta abierta que, promovida por la organización ecologista, BEN MAGEC-Ecologistas en Acción, se va a enviar a doña Alicia Vanoostende, Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. El objetivo de dicha carta es solicitar su apoyo decidido al sector primario en las Islas, enfatizando que dicho sector es de vital importancia tanto en el ámbito de la salud como en el plano económico y medioambiental, además de una alternativa viable de creación de empleo y fuente de ingresos.

Texto de la comunicación

A/A Consejera Alicia Vanoostende

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias

El estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo con el Real Decreto 463/2020 para gestionar la crisis desatada por la enfermedad Covid-19 ha puesto de relieve la importancia de la producción agropecuaria y pesquera regional para el mantenimiento de la seguridad alimentaria de la población canaria. En este tiempo han ido surgiendo diferentes iniciativas de producción y distribución, pero es indispensable darle un fuerte impulso a este sector, ya que hablamos de producción, elaboración y distribución de alimentos. Este sector se postula de vital importancia en el desarrollo de políticas hacia la soberanía alimentaria. Somos conscientes de que en los últimos días desde esta Consejería se han tomado diferentes medidas en apoyo al sector primario, no obstante consideramos que estas son insuficientes y coyunturales. Es por ello que desde la federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, con apoyo de las organizaciones aquí firmantes, exponemos una serie de problemas a considerar y un conjunto de propuestas que ayudarían a solucionar, al menos, una buena parte de ellos.

 Exponemos

1.- La confluencia de nuestras especificidades territoriales (condición de insularidad, fragmentación del territorio, la propiedad del agua, el alto coste de la tierra y el agua, la competencia de las grandes fincas que surten a las grandes superficies en perjuicio de la pequeña producción, entre otras) hace que la situación de nuestro sector primario se agrave en comparación con la Península. Las ayudas o subvenciones puestas a disposición de este sector lo son en su gran mayoría destinadas a monocultivos, cultivos de exportación y grandes consumidores de agua, a pesar de que son homogenizadores de los paisajes y las culturas de nuestras medianías, y productores de pocas calorías y proteínas de calidad para nuestra población residente, y no promueven la viabilidad de producciones agroecológicas ni la ganadería extensiva. La producción a pequeña escala -casi una imposición dada por las características del territorio insular- no se apoya específicamente, ni se ve respaldada desde el Gobierno Autonómico.

 2.- La crisis desatada por la enfermedad Covid-19 ha resaltado el excesivo porcentaje de dependencia del exterior en materia alimentaria y de productos básicos que tenemos. El informe del Grupo de Investigación en Economía Agroalimentaria en Canarias de la Universidad de la Laguna, publicado a finales de 2017, destaca que para el quinquenio 2012-2016 los productos alimentarios locales suponen el 20,1% del valor comercial de todos los que se comercializan. Si atendemos a su volumen (peso), este es el 34% del total y el 9% de su valor energético (kilocalorías)[1]. El informe recuerda también que estamos viendo una “trayectoria decreciente del grado de autoabastecimiento cuyo determinante principal ha sido el crecimiento de la demanda, no correspondido por una ampliación proporcional de la producción local”[2].

La crisis actual ha puesto de manifiesto también el lugar sobresaliente de grandes superficies en detrimento de mercados municipales u otros locales de comercio de cercanías. Bien es cierto que esta crisis también ha demostrado la resiliencia de nuestros pequeños agricultores/as, ganaderos/as, pescadores/as artesanales y otros/as productores/as y distribuidores/as. Una resiliencia que en su mayor parte viene determinada por el esfuerzo de estas personas por salir adelante dentro de un sector poco mimado por la Administración y no por el apoyo decidido ni por políticas serias y contextualizadas en el territorio canario por parte del gobierno autonómico. En el marco de esta crisis se ha evidenciado la carencia de unas políticas diseñadas para el apoyo real y efectivo de la producción y comercio de cercanía en nuestras islas.

 3.- La pesca artesanal en Canarias y la pérdida de empleos en este subsector es especialmente preocupante. La no disponibilidad de material sanitario dificulta la aplicación de las directrices de la Dirección General de Pesca. Además, la principal salida de su producto es la restauración vinculada al turismo, y los agentes con más peso en sus canales de comercialización, como las cadenas de grandes superficies, están aprovechando la situación de vulnerabilidad para bajar los precios, llegando hasta un cuarto de su valor habitual. Por ello, muchos pescadores/as no están saliendo a faenar ya que no cubren siquiera los costes, y a pesar de esta confluencia de circunstancias, gran parte de estos trabajadores/as no están pudiendo acreditar el requisito de la paralización de su actividad en un 75% en el mismo mes, dado que el estado de alarma se decretó el día 14, quedando fuera de posibles ayudas. En Canarias existe una extensa tradición de pesca artesanal que debe cuidarse y regularse como es debido para garantizar la salud de las personas y de los ecosistemas marinos. ¿Cómo explicar entonces que “los productos de origen pesquero sin transformar representan el 2,5% del peso comestible de los alimentos adquiridos por los consumidores, el 2,4% del contenido energético y el 10,3% en términos de valor”, y que “casi la mitad de los productos pesqueros consumidos corresponden a pescado congelado, un producto para el que las importaciones representan más del 98%, tanto en volumen como en energía o valor[3]”?

 4.- Por último, cabe recordar que según las Directrices por el Derecho a la Alimentación (FAO 2004), es responsabilidad de las Administraciones Públicas respetar, proteger y garantizar el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas, particularmente en contextos de crisis como el que estamos viviendo actualmente. Por su parte, el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de Naciones Unidas en el documento del Marco de Acción para situaciones de crisis prolongadas en su Recomendación Número 1 indica la “Integración de políticas que refuerzan los sistemas alimentarios locales como un componente principal para aumentar la resiliencia, incluido a través de las compras locales y la creación de reservas alimentarias”. El Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición del mismo CSA destaca en su informe de 2013 que “Los datos históricos indican que la agricultura a pequeña escala, debidamente respaldada por las políticas e inversiones públicas, tiene la capacidad de contribuir de manera efectiva a la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y, de forma sustancial y significativa, al crecimiento económico, la generación de empleo, la reducción de la pobreza, la emancipación de grupos desatendidos y marginados y la reducción de las desigualdades espaciales y socioeconómicas. En un entorno político e institucional propicio, puede contribuir a la ordenación sostenible de la biodiversidad y otros recursos naturales, conservando al mismo tiempo el patrimonio cultural”[4]. Finalmente, la Comisión Europea en sus Directrices (2020/C 86 I/01) relativas a medidas de gestión y fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de bienes y servicios esenciales establece que se debe garantizar la cadena de suministros esenciales, en la que se encuentra -como no podía ser de otra manera- productos alimentarios esenciales y perecederos y ganado. Este punto es de especial interés para Canarias debido al mayor riesgo que corremos al importar gran parte de estos productos y la consiguiente vulnerabilidad en que esta situación nos deja. Por otro lado, debemos recordar que la Agroecología es un movimiento y un modelo agroalimentario reconocido a nivel mundial por instituciones como la FAO y la UE[5].

En definitiva, en el marco de esta crisis se ha evidenciado de forma escandalosa la carencia de unas políticas diseñadas para el apoyo real y efectivo de la producción y comercio a pequeña escala y de cercanía en nuestras islas. Aunque en alguna medida se ha apoyado al sector primario desde Ayuntamientos, Cabildos o desde el propio Gobierno de Canarias, consideramos que las medidas adoptadas son insuficientes y que es momento de diseñar una política seria y comprometida con este sector tan mínimo en porcentaje (en comparación con otros sectores económicos) y con tanto valor para nuestra salud, nuestra cultura y nuestro medio ambiente. Como lo muestra el informe del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias de 2019, la rama de actividad con menor contribución al Producto Interior Bruto regional durante el año 2018 es el sector primario, dado que representa 1,23% del PIB de Canarias. Esta realidad nos parece insostenible desde los puntos de vista económico, social y medioambiental[6]. Por tanto, es una necesidad de hoy y de mañana, cuando pase el estado de alarma decretado, que se apueste decididamente por la producción y comercio de cercanía en nuestras islas, respetuoso con las personas y con el medioambiente. Es el momento de empezar ya y por ello solicitamos a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, presidida por la señora Consejera Alicia Vanoostende las siguientes medidas concretas:

Solicitamos:

 1.- El REFUERZO Y MEJORA DE LAS INICIATIVAS QUE YA ESTÁN EN MARCHA.

 Antes y durante la crisis provocada por el Covid-19 ya estaban en funcionamiento iniciativas que consideramos de máxima relevancia, como son los mercadillos, los ecocomedores, cooperativas y grupos de producción y consumo, las redes de semillas, las escuelas de agroecología, las escuelas de pastores/as, programa de venta directa al sector hotelero, entre otras. Entendemos que estas iniciativas deben ser reforzadas durante y tras la crisis sanitaria. El apoyo puntual, en este sentido, es insuficiente ya que consideramos necesario su refuerzo y apoyo integral mediante planes de desarrollo.

  • De entre estas iniciativas (todas ellas importantes) destacamos el Programa Ecocomedores y la entrega de cestas de alimentos locales, frescos y saludables a las personas en situación de exclusión a través de la empresa pública GMR. Consideramos que el Programa Ecocomedores debería ampliarse a todos los centros educativos públicos de las Islas, hospitales, residencias de mayores y centros de diversidad funcional. Y, por otro lado, que la entrega de cestas sea una práctica continuada tras la crisis sanitaria. Para todo ello será necesario seguir incentivando la producción ecológica y las pequeñas producciones locales, ya que deberían ser estas las que abastezcan a los Servicios Sociales de su municipio o comarca.
  • Seguir ampliando la red de mercadillos y otros canales cortos de comercialización, apoyando su funcionamiento. Esta medida la consideramos esencial para generar el verdadero despegue de la producción agroecológica en Canarias. 
  • Apoyar la actividad de la ciudadanía organizada en grupos de consumo, reduciendo las trabas administrativas, acompañando los procesos con asesoramiento y recursos, y promoviendo la creación de nuevas asociaciones de este tipo.
  • Incentivar las sinergias con el sector de la restauración a través de contratos directos de abastecimiento de productos locales, priorizando los agroecológicos para darle viabilidad económica a estos y prestigio medioambiental a aquellos.

2.- REFUERZO Y FOMENTO DE LAS INICIATIVAS COOPERATIVAS, PRIVADAS Y PÚBLICAS EN EL SECTOR PRIMARIO.

La actividad turística “aportó un 35,2% al PIB y un 40,30% al empleo, con un total de 327.000 puestos de trabajo tanto directos como indirectos en 2017”, según el informe anual del CES de Canarias de 2019[7]. En ese contexto, la caída del sector turístico y en consecuencia el nivel de personas desempleadas en Canarias durante y tras la crisis provocada por el Covid-19 (unidas a las ya existentes) está dejando una brecha social en el archipiélago sumamente preocupante (a 6 de abril, Canarias registra más de 24.000 ERTE que afectan a casi 187.000 trabajadores[8]). Según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social España, “el 36,4 % de la población canaria está en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año 2018 […] y la región ocupa la tercera posición entre las regiones, con una tasa que es solo inferior a Extremadura y Andalucía”[9]. Además, sabemos que la tasa de paro se sitúa en torno al 20%, posicionando a Canarias en la quinta más alta de España[10].

Ante tal situación, estamos más que nunca convencidos/as de que apostar por el desarrollo de una agricultura local y sostenible, así como por la pesca tradicional, es una inmejorable oportunidad para crear empleos de calidad en nuestro territorio, diversificar nuestra economía y hacerla más sólida y resiliente ante gran cantidad de imprevistos coyunturales de esta y otra naturaleza. En la Declaración de Emergencia Climática en Canarias, aprobada en agosto de 2019, el Gobierno de Canarias se compromete a “Avanzar en modelos de economía local y de proximidad que impulsen la soberanía alimentaria, la silvicultura, la pesca artesanal, la agricultura y la ganadería ecológicas y de proximidad, de tal modo que quienes trabajen en la agricultura, la ganadería y pesca y desempeñan un papel clave sean reconocidas como tales[11]. Nos parece urgente que ese compromiso sea efectivo ya. Y es por ello que solicitamos al Gobierno por medio de esta Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca que opte por: 

  • La formación de personas desempleadas en materia agroecológica e impulso del cultivo de fincas que se encuentran abandonadas; habilitando para ello herramientas eficaces para su puesta a disposición y gestión eficiente. Con estas herramientas nos referimos, por ejemplo, a subvenciones específicas para la puesta en marcha de fincas agroecológicas atendiendo a una nueva Unidad de Trabajo Agrícola-UTA en términos agroecológicos y de diversificación de la actividad, así como para mini industrias agroalimentarias (más acordes con nuestra geografía e idiosincrasia ganadera, lo que también vale para la pesca); al fomento de la custodia del territorio público abandonado a través de asociaciones y al acompañamiento técnico municipal a estas iniciativas, en concreto, en materias de hortofruticultura y de asociacionismo en pro del desarrollo local; e incentivos para que las personas que tienen fincas abandonadas las pongan a disposición de la Administración o de otros particulares, asociaciones o cooperativas que deseen cultivarlas.
  • Destinar para financiar estas medidas (formación y disposición de tierras de cultivo) una parte de los fondos solicitados por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para paliar el impacto social y económico del Covid-19, de entre otros disponibles.
  • En los tributos que competen a la Comunidad Autónoma se deberían considerar las circunstancias presentes, teniendo en cuenta la caída de los ingresos de muchas personas productoras y fomentando las políticas impulsoras de la actividad económica; máxime cuando se trate de negocios que cuiden el medio ambiente, produzcan alimentos sanos para la población, comercialicen a través de canales cortos y de cercanía, incluida la micro-elaboración agroalimentaria artesanal y las empresas de la economía social y solidaria.
  • Dignificar el empleo en el sector primario mediante políticas de mejora de las condiciones laborales, no solo a los pequeños agricultores/as, sino también a las personas trabajadoras por cuenta ajena en la agricultura. Es incongruente querer aumentar el empleo y peso del sector primario en el archipiélago[12] cuando se trata de un sector precarizado, con bajos salarios y pocos incentivos para querer ser contratado o auto-empleado en él.
  • Apoyar la producción local a través de políticas responsables de compra pública, en la que se establezcan en los pliegos de contratación la obligatoriedad de recurrir en un alto porcentaje a los productos locales, prioritariamente ecológicos y de pesca local artesanal y sostenible. Como ya hemos apuntado esto debe ser regulado para centros educativos, hospitales, centros sociosanitarios, residencias de mayores y centros de personas con diversidad funcional; pero también en eventos públicos organizados o subcontratados por la Administración.
  • Mejora en la gestión de productos pesqueros a través de los puntos de primera venta, propiciando una gestión eficaz en la recogida, venta y distribución de las capturas efectuadas. Favorecer el consumo de productos de pesca local en todos los puntos de consumo del mercado evitando, en la medida de lo posible, la importación de productos congelados (que en muchas ocasiones provienen de pesquerías insostenibles). Acordar con las distintas cofradías, en función de las especies de mayor interés pesquero capturadas por zona y cofradía, un límite de capturas por especie y por barco/pescador que permita obtener un sueldo digno para la tripulación de las embarcaciones que salen a faenar.

Todas estas medidas solicitadas, como no podría ser de otra manera, deben ir de la mano con la protección del suelo agrícola, como principal sumidero de carbono y base de la vida. Su protección debe ser una prioridad y, por ello, desde las Administraciones se debe atender a su regeneración para reducir lo máximo posible su erosión y desertificación, tan elevada en Canarias. Asimismo, se hace necesaria la protección de la biodiversidad agrícola tradicional, fomentando y facilitando el uso de las variedades locales de cultivos mejor adaptados al Calentamiento Global (CG), así como la producción a través de cultivos perennes que generan menores emisiones por kilo de alimentos producidos, ayudando también en la mitigación del CG. En esta línea de actuación consideramos relevante la figura de Parques Agrarios y más que necesaria la apuesta decidida por la incidencia pública en la regulación de los mercados del Agua. Por último, debemos evidenciar que estamos hablando tanto de agricultura rural como urbana. Los niveles de urbanización de Canarias, sobre todo en las islas capitalinas, impone que contemplemos todos esos solares de nuestros barrios y no solo lo que tradicionalmente entendemos por tierras “del campo”.  

Subrayamos especialmente que el Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO recuerda en sus informes que “la agricultura en pequeña escala requiere un uso intensivo de mano de obra”[13] y que las prácticas agroecológicas “pueden caracterizarse por ser más intensivas en mano de obra (en contraposición a intensivas en capital) que las alternativas de intensificación sostenible”[14]. El policultivo de pequeña escala, además, dinamiza en mayor medida la economía circular de cercanía, demostrada la mejor herramienta para que las personas de cada lugar en esta comunidad puedan acceder a los productos básicos con garantías y con menor emisión de gases de efecto invernadero. Estos son los Sistemas Alimentarios Territorializados, los cuales deben ser promovidos por su administración. Existen múltiples iniciativas nacionales que los fomentan desde la facilitación, sinergia y dinamización de las administraciones locales en su implantación: Red Terrae de municipios agroecológicos, Red de ciudades españolas por la Agroecología, Pacto Intervegas por la Soberanía Alimentaria, etc.

3.- REGULACIÓN DE PRECIOS PARA HACER POSIBLE LA DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y REDUCIR LAS IMPORTACIONES. 

Con el sistema actual de ayudas y subvenciones a las importaciones, a las exportaciones y a los monocultivos de mayor escala, el precio de la tierra y la especulación con el suelo, y los precios y calidades del agua, la apuesta por el sector primario queda en mera literatura y buena retórica. Para una verdadera apuesta por este sector, que se ha manifestado con esta crisis sanitaria de vital importancia para la vida de las personas, es necesario:

  • Una posición firme del Gobierno de Canarias por primar en el marco de la nueva PAC y en el PDR de Canarias la agricultura que desarrolle policultivos.
  • Regulación de los precios de la tierra para su cultivo. El precio medio de la tierra en Canarias según la última encuesta de precios de la tierra disponible es de 87.779 euros/hectárea, la más cara de todo el Estado español con una diferencia significativa con respecto a la siguiente tierra más cara (Andalucía con un precio de 20.456 euros/hectárea)[15].  
  • Desarrollar políticas de estabilización de precios de los productos alimenticios importados para que los intermediarios no puedan jugar al dumping contra la producción interior canaria y así trabajar para que las grandes y pequeñas superficies tengan incentivos para priorizar la compra de productos locales.
  • Vigilar el estricto cumplimiento de la normativa de etiquetado en cuanto a origen y contenido del producto en las grandes superficies y sancionar si las mismas no se cumplen.
  • Atender de una vez por todas al problema del Agua, desarrollando políticas públicas que incidan en los mercados de esta y en su gestión sostenible en el contexto de la Sequía Crónica.
  • Habilitación de lonjas para la regulación de los precios y la comercialización, y analizar qué posibilidades hay dentro del régimen comunitario para que el Gobierno de Canarias facilite la comercialización del pescado localmente.

Para concluir, solo nos queda enfatizar el hecho de que es necesario que la economía de nuestro archipiélago se diversifique. No podemos depender de un único sector como ha sido el sector servicios ya que, como hemos sido testigos, este no aguanta crisis como la vivida con el Covid-19. Esperamos que crisis sanitarias o de otra índole como la actual no se repitan nunca pero, ¿podemos estar seguros de que en un futuro experiencias parecidas no se volverán a repetir? ¿Seguiremos apostando toda la economía del archipiélago al turismo y a la construcción y dando dinero público a un sector vulnerable a las vicisitudes del mercado y a la estabilidad internacional, ya sea económica o sanitaria? Las organizaciones aquí firmantes creemos firmemente que no, que es hora de dar un giro de timón. Necesitamos invertir dinero en un sector que nos dé de comer ahora y en el futuro, en un sector clave para la vida como se ha demostrado que es la alimentación durante esta crisis sanitaria. Además, esta situación también nos está forzando a poner en práctica estrategias de resiliencia que van en total sinergia con las medidas urgentes que debemos implementar frente al cambio climático y sobre el que su ejecutivo ha manifestado tener una gran preocupación, lo que pone de manifiesto la imperiosa necesidad de que trabaje en estrecha coordinación con las demás Consejerías del Gobierno de Canarias y demás Administraciones. 

Por todo ello, señora Consejera Alicia Vanoostende, todas las organizaciones aquí firmantes le pedimos que tome seriamente en consideración nuestras solicitudes. Son claras y precisas, y tenemos la certeza de que nos ayudarán no solo a mantener el poco sector primario que tenemos en las islas durante esta crisis sanitaria, sino a poder posicionarlo en el futuro donde se merece y del que se pueda vivir dignamente con unas políticas adecuadas. La producción agrícola y ganadera, la pesca artesanal, la producción de sus derivados, los canales cortos de distribución y comercialización y la puesta en marcha de prácticas de economía circular (como puede ser la producción de piensos y materia orgánica para suelos a partir de fuentes sostenibles no aprovechadas hasta ahora) debe posicionarse en Canarias como una alternativa viable y deseable de vida. Y ello porque además de poder generar miles de empleos en Canarias y ser por tanto, una fuente de ingresos para muchísimas familias de las islas, es bueno para la salud de las personas, para el medioambiente, e indispensable para dar respuesta a uno de los mayores desafíos, el Cambio Climático.