Intersindical Canaria considera que la propuesta del Gobierno canario para el desconfinamiento es precipitada

El Gobierno de Canarias actúa o irresponsablemente o bajo presión de algunos sectores. Y así, en nombre del denominado Comité Científico Asesor, consideró, erróneamente bajo nuestro punto de vista, que en Canarias, a pesar de no cumplirse los preceptos en cuanto a la dotación de los Servicios Sanitarios Públicos frente a un nuevo brote (respiradores, camas de hospitalización, recursos de Atención Primaria, EPI y test), a pesar de seguir aumentando el número de casos (pasando en menos de un mes de 1280 a 2178 positivos) y de incrementarse el número de contagios entre el personal de los centros sanitarios (cerca del 26% de los casos, pasando en un mes de 277 a 549 positivos), no se podía tardar en proceder a la desescalada, proponiendo incluso la apertura acelerada de ciertos hoteles, apartamentos o restaurantes. Da la impresión de que el Ejecutivo canario actúa bajo la influencia de la patronal hotelera y de los sectores económicos en un escenario, donde prima la recuperación de un modelo económico insostenible frente a la salud y la vida de la población canaria.

El salto al vacío que propuso el ejecutivo canario, frenado por el Comité Asesor del Gobierno del estado español, muestra la precipitación de la referida propuesta de “vuelta a la normalidad”. Es preciso matizar que la única vacuna actualmente disponible es el confinamiento, que no existe cura ni tratamiento efectivo para la COVID-19, y que solo se puede dar soporte a algunos de los síntomas y desconociéndose aún en profundidad el comportamiento epidemiológico del virus.

Desde Intersindical Canaria, nos preguntamos, cómo es posible plantear una acelerada desescalada prácticamente total en el plazo de pocas semanas sin haber empezado el estudio de seroprevalencia de la COVID-19 en Canarias, que nos permitiría catalogar la capacidad de defensa de la población frente al temido virus, o habiendo padecido un retraso extremo en cuanto a la realización de test al conjunto de los trabajadores de los servicios esenciales. Hay que recordar que Canarias es en este momento el territorio del conjunto del Estado en el que se han realizado un menor número de cribados entre la población, y que la propia OMS ha recomendado no proceden al desconfinamiento sin contar con una muestra amplia de población. Sólo se puede explicar la propuesta desde la consideración de la nación canaria como un laboratorio de experimentación y a sus trabajadores como cobayas.

En las actuales circunstancias, con un sistema sanitario debilitado por sucesivas oleadas de recortes en recursos materiales y humanos, no podemos entender cómo, el presidente del ejecutivo canario, sin que se disponga de los equipos de protección adecuados y en contra de las temerarias manifestaciones de algunas gerencias en las que negaban la insuficiente dotación de material de protección entre el personal, así como las deficiencias detectadas en los mismos, careciendo de un número adecuado de camas UCI y sin haberse realizado test suficientes, ha sido capaz de asumir y trasladar tal propuesta, cuando no hay garantías de que, frente a un eventual empeoramiento de la pandemia, más que probable al relajar las medidas de confinamiento y la distancia social, haya capacidad en la Sanidad Pública Canaria para reactivarse adecuadamente y evitar muertes innecesarias, por ver superada su capacidad de carga.

En otro orden de cosas, y sin dejar de hacer un llamamiento a la extrema prudencia, las medidas anunciadas en el día de ayer por el presidente del estado español, parecen encajar más en un modelo de desescalada que permita la evaluación de cada medida desde el punto de vista del impacto epidemiológico antes de pasar a la siguiente fase.

No obstante, conociendo la doble vertiente sanitaria y económica de esta crisis, no debemos perdernos en el orden de prioridades. Siempre antes la salud y la vida de los ciudadanos. Por ello, lo que más debe observarse es la desescalada desde el punto de vista asistencial, como deben retornar los servicios sanitarios públicos a normalizar la atención sanitaria de aquellas patologías que no sean COVID-19, ni procesos oncológicos o urgencias vitales y que, en estos momentos están en riesgo de complicarse o cronificarse. Y, al mismo tiempo, mantener un plan de contingencia para una eventual reactivación de la pandemia. En definitiva, aun no estamos preparados.