Intersindical apremia al gobierno español para que derogue la legislación que permite el despido por enfermar

El Tribunal Constitucional avaló desde octubre del pasado año que se pueda despedir a los  trabajadores si faltan al trabajo más de una quinta parte de los días laborables o más del 20% en dos meses. Esta sentencia ha tenido como resultado, además de la multiplicación de los casos de despidos por padecer enfermedad, la continuidad de la actividad laboral de los trabajadores sin estar en condiciones físicas para ello, además de la suspensión de citas médicas e intervenciones quirúrgicas que eviten la IT. Todo ello por evitar la comunicación empresarial del despido.

La adecuación a la legalidad de una medida que supone un nuevo paso atrás en derechos laborales: se puede despedir a una trabajadora o a un trabajador que falte más del 20% de los días laborables en dos meses, aunque esas bajas estén justificadas. Razonaban esta medida por la “libertad de empresa y la defensa de la productividad”, anteponiendo estos criterios a la salud de las y los trabajadores.

Esta sentencia viene en respuesta a una cuestión planteada por un juzgado en relación al artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores, que ha sido modificado por las dos últimas reformas laborales, tanto la de 2010 con el gobierno del PSOE, como la de 2012 con el gobierno del PP. Estos cambios iban encaminados, según los anteriores gobiernos, a frenar el absentismo laboral, pero como vemos el efecto último es un recorte brutal en los derechos laborales que nos retrotrae a principios del siglo XX cuando no a finales del XIX.

Esto no hace más que añadir aún más descrédito a las instituciones judiciales que, sentencia tras sentencia, no hacen sino corroborar su más absoluta obediencia a los intereses económicos neoliberales que nos gobiernan, poniendo como objetivo fundamental y sacrosanto los beneficios empresariales, por encima incluso de los derechos más fundamentales.

ACABAR CON LAS REFORMAS LABORALES DE 2010 Y 2012

De un tiempo a esta parte, vemos como los recortes de derechos son cada día más evidentes, ya sea en el plano social, económico, ambiental o laboral como es este caso. Desde Intersindical Canaria nos oponemos frontalmente al recorte de todo tipo de derechos y creemos que es necesaria la movilización de los y las trabajadoras en todos los centros de trabajo para revertir esta situación y exigimos al nuevo gobierno que, sin más dilación ni rodeos, tome las medidas legislativas necesarias para acabar con este atropello.

Las reformas laborales de 2010 y 2012 deben ser derogadas y debemos avanzar en el camino de la mejora en derechos y no por el retroceso por el que se apuesta desde las diferentes administraciones.