Funeral por el Estado de Derecho (2)

Es cierto que generalizar es injusto, hay honrosas excepciones entre los representantes públicos, los funcionarios y la sociedad. El grado de putrefacción no es el mismo en todo el arco parlamentario, ni en todo el cuerpo de funcionarios, ni en la ciudadanía. Pero el fracaso general se evidencia con la propuesta ciudadana de  transposición de la Directiva Europea de protección al denunciante y de lucha contra la corrupción. Tras años de advertencias del grupo GRECO sobre la necesidad de adoptar medidas en el estado español tendentes a la prevención y control de la corrupción, la fiscalización de la financiación de los partidos políticos y la independencia del Poder Judicial, son los ciudadanos y las asociaciones que luchan contra la corrupción los que ponen encima de la mesa un proyecto de Ley anticorrupción que este gobierno ignora, al igual que los anteriores, cuando debería ser la primera medida a adoptar si se pretende poner cimientos firmes y fuertes a un Estado democrático que pueda hacer frente a esta situación de tormenta perfecta que anuncia la crisis de la especie humana. (15 y 16)

Las notas que se agregan en cada párrafo de este artículo se refieren, en su mayoría, a procedimientos de corrupción en los que la autora ha intervenido ejerciendo la acusación particular o popular. Su orden cronológico constata la unidad de dirección entre las actuaciones corruptas que arrasaron con las instituciones públicas y la actividad empresarial, cuyo vínculo de unión siempre es el ejercicio del poder y la financiación del partido a costa del erario público. Cuando la industria que generaba dinero a mares era el turismo y la construcción denunciamos el caso Costa Roja, el caso Plan Parcial Playa Blanca y el caso Yate; la sentencia de éste último caso anula 44 licencias turísticas y refleja que entre los años 1990 a 2007 se instauró una industria del ladrillo criminal con el territorio, basado en el desarrollo del llamado “urbanismo del promotor” que enriqueció a las empresas dedicadas al turismo y a la construcción al tiempo que nutría la contabilidad B de los partidos políticos y el patrimonio de los técnicos y representantes públicos de los ayuntamientos que pudimos denunciar en la misma proporción que arruinaba a los ayuntamientos afectados. Como quedó constatado en las declaraciones judiciales de un alcalde en dicha instrucción “nadie da nada por nada”.  

 A partir del año 2007, la construcción cayó y el turismo se degradó con el todo incluido, así que la corrupción política giró en el mismo sentido que la fuente del dinero y el saqueo se instauró en la prestación de servicios públicos y en la contratación pública. En 2008 estalló el caso Unión, el caso Jable y el caso Montecarlo, la mafia político empresarial dirigió sus sucias manos a los concursos públicos y la contratación de los servicios de la basura, las obras públicas, carreteras,  festejos… Volvieron a llenarse los bolsillos empresarios, cargos políticos y funcionarios a costa de endeudar hasta la quiebra a los ayuntamientos afectados. Las grabaciones telefónicas reflejan claramente la unidad de dirección de la mafia político-empresarial en una conversación entre dos empresarios que negocian comisiones: “(nosotros) como ratas, ¿eh?, como ratas”. 

Mientras, la industria del turismo sobrevivía reclamando fondos europeos, subvenciones públicas millonarias y exigiendo que la promoción se pagara con dinero público mientras las empresas retenían el pago de sus impuestos con una RIC perversa y dirigían sus fortunas a paraísos fiscales. De esta forma, los representantes empresariales sentados en las instituciones públicas les permitieron que se continuara degradando el territorio y la calidad de vida de sus administrados mediante trabajo precario e inestable, explotación laboral y agotamiento de las infraestructuras y servicios públicos que cedieron ante el turismo de todo incluido (masas hooligan de borrachera y alpargata). (17 y 18) 

La experiencia adquirida tras 17 años dedicados a la lucha contra la corrupción, interrogando a los delincuentes, oyendo las conversaciones intervenidas, conociendo a sus asesores y abogados, estudiando los informes periciales, conviviendo con las dificultades con las que se encuentran jueces y fiscales y celebrando juicios, no tengo duda alguna de que no hay ninguna posibilidad de enfrentar con dignidad ninguno de los cambios que requiere este país para garantizar la supervivencia de todos si antes no atajamos la corrupción, protegemos a los denunciantes, cortamos los hilos empresariales que mueven a nuestros representantes públicos, activamos los organismos fiscalizadores, fortalecemos el cuerpo de funcionarios públicos (bajo los criterios de independencia, objetividad, inamovilidad, neutralidad, capacidad, profesionalidad y formación), dotamos de independencia al poder judicial, reformamos la financiación de los partidos e implantamos la transparencia y el buen gobierno como objetivos inaplazables e irrenunciables.

Educarnos para ser ciudadanos activos, responsables, exigentes y conscientes de que lo público es lo de todos debe ser el camino para acabar con la impunidad como principal objetivo. No podemos seguir pasando la vergüenza a la que nos exponen nuestros representantes públicos, pues somos nosotros los que les elegimos y les damos carta blanca para ser los ejecutores de nuestra extinción. En caso contrario, asistiremos cada día al indigno espectáculo del luto por el Estado de Derecho celebrado en la sede de la soberanía nacional y no dejaremos de ser un rebaño cobarde y temeroso, cargado de ignorancia y soberbia. El virus del planeta.

Inma Ferrer