Entrevista a Vicente Quintana, portavoz de la Asociación Plataforma por la Defensa de las pensiones públicas

El Pacto de Toledo aprobó el martes 27 de octubre su informe para la reforma de pensiones con amplio respaldo político, con el voto en contra de Vox y con la abstención de las fuerzas políticas de la izquierda soberanista, Esquerra Republicana de Cataluña, Bloque Nacionalista Gallego y EH Bildu, en dicho informe se aprobaron 21 recomendaciones. Intersindical Canaria ha querido conocer de primera mano qué piensan las personas pensionistas, organizadas en torno a diversas plataformas y asociaciones, sobre dichas medidas. Para ello nos hemos entrevistado con Vicente Quintana Pérez portavoz de la Asociación Plataforma por las Defensa de las Pensiones Públicas, en Gran Canaria. 

I.C.: ¿En líneas generales qué le parecen estas recomendaciones? 

Nefastas, ya que no se recoge ni una sola de las propuestas del movimiento de pensionistas y demuestra la incapacidad de la comisión del Pacto de Toledo de fortalecer el sistema público de pensiones. 

Recomienda el traspaso de las instalaciones de la Seguridad Social al Estado y a las comunidades autónomas, para una supuesta eliminación de la deuda de la Seguridad Social con el Estado que se ha demostrado que no existe. Con esta recomendación la Seguridad Social se quedaría sin respaldo patrimonial. 

También recomienda la modificación del art.109 del TRLGSS, para asumir por parte del estado los gastos impropios de la Seguridad Social, siendo esta innecesaria, ya que precisamente este artículo obliga a que los Presupuestos Generales del estado hagan las aportaciones necesarias al Sistema Público de Pensiones, mediante transferencias y no con préstamos. 

Se mantiene la reforma de las pensiones del 2011, el factor de sostenibilidad y la brecha de género en las mismas. 

I.C.: ¿Estas recomendaciones marcan el camino de una verdadera revalorización de las pensiones y de trazar objetivos para cerrar el supuesto déficit que arrastra la Seguridad Social desde 2011? 

No sirven para una efectiva revalorización de las pensiones y que estas sean dignas y suficientes para tener una cierta calidad de vida y estimamos que estas deben estar acorde a la Carta Social Europea que estipula que el SMI y las pensiones mínimas deben ser de 1.200 euros/mes y 1.084 euros/mes respectivamente y con las consiguientes revalorizaciones conforme al IPC real. 

En este sentido el proyecto de PGE presentado no es muy progresista en materia de pensiones ya que para una pensión de 500 euros supondrá una subida de 9 euros y para una de 600 euros, 10,8 euros… ¿quién puede vivir con un poco de dignidad?… 

No se habla de la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones desde el 2011 al 2020, cifrado en un 6% con relación al IPC, por ello reclamamos un incremento del 2% anual. 

No se reconocen los gastos impropios de la Seguridad Social, en materia de empleo, sanidad, personal, asistencia social que deben ser pagados por los PGE… 

Gastos indebidos más la deuda histórica del Estado de más de 500.000 millones de euros… hoy nadie podría hablar de un déficit de la Seguridad Social y que esta es insostenible.

“Este proyecto que defiende el pacto “progresista” PSOE/Unidas Podemos, va encaminado a entregar la parte más importante de las pensiones a las empresas, descapitalizando el sistema público de pensiones en favor del privado”

I.C.: Se plantea en estas recomendaciones la intención de acercar la edad de jubilación real a la edad de jubilación legal. ¿Está usted de acuerdo con la edad legal de jubilación a los 67 años, que parece ser ya nadie cuestiona o de ampliar incluso el cómputo para el cálculo de la base reguladora de 15 a 25 años? ¿Qué piensa de que se sigan poniendo medidas restrictivas a la jubilación anticipada? 

Con un porcentaje de paro juvenil cercano al 70% es una auténtica barbaridad el ampliar la edad efectiva de jubilación a los 67 años, entendemos que esta no pueda ser superior a los 60 años. 

El ampliar el cómputo de 15 a 25 años, a partir del año 2022, como periodo de cálculo para acceder a la pensión, hará que las pensiones efectivas sean menores al ampliarse la base reguladora. 

Es necesario despenalizar la jubilación anticipada con 40 años de cotización y rechazar los coeficientes reductores. 

I.C.: ¿Qué le parece la propuesta de modificación del régimen de cotización de los autónomos para se cotice en base a los ingresos reales de su a actividad?  

Sería una buena medida. 

I.C.: El Pacto de Toledo ha planteada una seria de recomendaciones en relación al desarrollo del ahorro privado, fondos de pensiones, como complemento a las pensiones pública, así mismo se colocan sobre la mesa los posibles planes colectivos de empleo a través de la negociación colectiva, así como la creación de un superfondo de pensiones de promoción pública, ¿qué opinión le merecen estas recomendaciones?, ¿qué cree usted que hay detrás de estas propuestas? 

Plantean un sistema de pensiones similar al existente en Inglaterra que se basa en un modelo de inscripción de planes de pensiones de empresas mediante los convenios colectivos y que solo beneficiará a un sector de los trabajadores/as de grandes empresas y que le reportará a las mismas una rebaja sustancial de impuestos al igual que a los gestores de esa “mochila inglesa”, sindicatos mayoritarios, Bancos y Mutuas etc. Abriendo la puerta a la entrada progresiva de las pensiones privadas a cambio de las públicas, la “mochila austriaca”. En definitiva, una radical transformación del sistema de pensiones en la que la piedra angular es quien administra los fondos aportados por los trabajadores/as. Siendo las empresas las administradoras de esos fondos y dejando al sistema público de pensiones como un modelo residual y de beneficencia en la que estarían adscritos los trabajadores/as de las pequeñas y medianas empresas con bajos salarios y gran precariedad laboral… en este sentido la inmensa mayoría de los trabajadores/as canarios. 

Este proyecto que defiende el pacto “progresista” PSOE/Unidas Podemos, va encaminado a entregar la parte más importante de las pensiones a las empresas, descapitalizando el sistema público de pensiones en favor del privado. 

I.C.: ¿Qué opina usted sobre el apoyo de los Sindicatos CCOO y UGT a estas recomendaciones? ¿Por qué no se han solicitado las derogaciones de las reformas laborales de 2010 y 2012 que han sido muy lesivas para el sistema de las pensiones? 

No es nada nuevo el apoyo entusiasta de las cúpulas sindicales (CCOO/UGT) a estas recomendaciones y a todas las políticas regresivas emanadas de las reformas laborales de 2010 y 2012… eso sí son maestros en hacer declaraciones y de no afrontar compromisos en defensa de los intereses de los trabajadores/as. 

I.C.: En su opinión, ¿se esconde de verdad otro objetivo diferente a los que proponen, o bien son positivos en líneas generales para el sostenimiento de las pensiones y para aumentar el poder adquisitivo de las mismas? 

Desde mi punto de vista el objetivo es claro: quieren privatizar el sistema público de pensiones. 

Y lo que sí tenemos que tener claro los actuales pensionistas, jubilados y las personas trabajadoras que el sistema público de pensiones es viable, no es un problema de recursos, es un problema de voluntad y de prioridades políticas que pongan en primer plano las necesidades de las pensiones actuales y las de las generaciones futuras.