Emergencia social, sanitaria y climática

Sin rodeos

Con sus indicadores laborales y sociales invariablemente vergonzantes, el País canario se mueve entre otros tantos acontecimientos alarmantes y sobrevenidos que tienen como víctimas pasivas al conjunto de la ciudadanía. Como si de una conjura se tratase, los efectos del cambio climático en sus variantes de nuevos incendios forestales, calima altamente tóxica y sequía extrema, se entrecruzan con la aún no declarada pandemia del coronavirus que amenazan con una previsible emergencia sanitaria que, en caso de confirmarse, volvería a poner en solfa a un sistema sanitario que continúa adoleciendo de recursos y camas para afrontar una crisis como la que se nos puede plantear ante la coincidencia de factores que empeorará la salud de nuestra población que, no olvidemos, se ve sometida a riesgos añadidos por la presencia y libre circulación de 14 millones de turistas al año. En tales circunstancias, no parece que las administraciones públicas, en sus diferentes niveles de responsabilidad, hayan hecho sus deberes. La desprofesionalización de los mandos políticos sanitarios, el desmantelamiento de inspectores y recursos en el área de Salud Pública, la gestión de palos de ciego y la improvisación, han sustituido al rigor con las que debemos abordar esta sucesión de contingencias. Como ejemplo, la recomendación de la presidencia del Gobierno para que la población se mantuviese en sus domicilios ante la presencia de calima declarada como altamente tóxica, es cuestionada temerariamente por las corporaciones locales, promoviendo la masiva concentración de personas en las fiestas del carnaval. Tiempo y oportunidad tendremos para retomar el grado de inseguridad en el que nos movemos en esta nación atlántica, pero no podemos acabar esta corta reflexión de urgencia sin hacer mención a la pasividad suicida con la que el conjunto de instituciones recibe los serios y primeros avisos de una naturaleza herida y encolerizada. Las declaraciones de emergencia climática, continúan siendo el pretexto del gobierno y las administraciones públicas canarias para continuar en idéntica senda de inacción y letal hipocresía, sin poner aún en práctica una sola medida que al menos mitigue el actual proceso de envenenamiento global del medio que, en territorios frágiles insulares como el canario, adquieren ya categoría de tragedia.