El patrimonicidio del Cabildo de La Palma

Jaime Bethencourt

La práctica destrucción del yacimiento arqueológico benahoarita de Pinos Gachos, en el municipio de Tijarafe, no hace sino constatar la práctica patrimonicida de las autoridades canarias, y especialmente la del Cabildo palmero, desatendiendo su obligada responsabilidad para la salvaguardia del valioso legado cultural de nuestros antepasados. El caso que nos ocupa, además, resulta especialmente repulsivo al ser la propia corporación insular la promotora de la obra que motivó el atentado, aplastando a marronazos esa parte del área arqueológica para utilizar las piedras y lajas en el levantamiento de muros y empedrado de un viejo camino.

Este expolio no es el primero, existiendo un largo historial en el que, con la anuencia de las autoridades palmeras se agrede y desprecia el valioso patrimonio arqueológico de la isla. Para muestra, ahí está el conjunto de la deteriorada carta arqueológica palmera o los castigados yacimientos del Roque de Los Muchachos y la acción destructiva desarrollada por el Instituto Astrofísico de Canarias.

En esta ocasión, asistimos además a un posterior repertorio de justificaciones del Cabildo palmero que suponen un insulto a la inteligencia del conjunto de los canarios. Eso de que, tras ser arrasada la estación a golpe de mazos, y ser esparcidos y quebrados los restos de petroglifos, “el daño es subsanable” y que “los fragmentos de los grabados pueden ser trasladados a un museo”, denota, la cara dura, cuando no, el analfabetismo que en materia patrimonial tienen, precisamente, los responsables del cuidado del legado aborigen. Deberían saber estos energúmenos que un yacimiento arqueológico, junto a sus petroglifos, es un todo inseparable que recoge y guarda en sí aspectos culturales, sentimentales, religiosos y sociales de la comunidad que habitó ese entorno. Por lo demás, como si de un coleccionista de cromos se tratase, el inefable y egocéntrico inspector Pais, nos propone como extravagante resarcimiento del expolio cometido, la búsqueda de los restos arqueológicos amputados para depositarlos en una exposición museística, extirpados y fuera de su contexto natural.

Además de las responsabilidades penales que deben recaer sobre el grupo de gobierno del Cabildo palmero, tardando está el Inspector de Patrimonio, Jorge Pais, y la consejera de Medio Ambiente, María Rodríguez, en abandonar de inmediato sus respectivos cargos por su manifiesta y repetida negligencia.  Dos circunstancias irrefutables se dirigen como dedo acusador contra ambos: previamente a las obras, el no haber procedido al señalamiento y acotamiento de la zona legalmente protegida y, además, la ausencia de actividades inspectoras sobre las obras que la empresa, también pública, TRAGSA, ha venido realizando en el lugar.

Hay que resaltar también en este lamentable suceso que la agresión contra la estación rupestre, ignorada u ocultada por las autoridades palmeras, la hemos podido conocer gracias a la oportuna y certera denuncia realizada por el colectivo ciudadano Garehagua Auaritas. 

Jaime Bethencourt