Contrariamente a las optimistas estimaciones realizadas por el gobierno, hoy en funciones, el conjunto de indicadores laborales del País Canario vuelven a remarcan su tendencia negativa. Así los despidos individuales durante el primer trimestre del presente año se han aumentado en un 21% en relación al mismo periodo del 2018. Ello da una idea del endurecimiento de las condiciones laborales del conjunto de la clase trabajadora canaria, un dato éste que, junto a los bajos salarios, la temporalidad laboral, desempleo y pobreza, continúa situando al País canario en el vagón de cola del Estado en evolución laboral y social.
Esta inaudita anomalía social, carece de toda lógica en el contexto de la situación de bonanza económica que vive Canarias, en la que los ingresos empresariales van en sentido ascendente y la patronal continúa disfrutando de bonificaciones y subvenciones y beneficios fiscales al calor de la política de las administraciones públicas canarias que continúan dando la espalda a los trabajadores como mayoría social.
Intersindical Canaria, quiere resaltar nuevamente su preocupación por el hecho de la inexistencia de respuesta de la clase política, así como de los agentes económicos y los sindicatos mayoritarios ante la persistente escalada segregacionista hacia los trabajadores del Archipiélago.
La denominada Mesa de concertación social, así como el Consejo asesor del Gobierno, en sus acuerdos y resoluciones, promueven e impulsan la desigualdad social y el injusto reparto de la riqueza, pareciendo actuar bajo el mendaz principio de que la injusticia laboral, indefectiblemente, debe ser una de las señas de identidad que debe caracterizar a los canarios.
El objetivo de promover la normalización de las condiciones laborales en nuestro territorio, vuelve a ser la asignatura pendiente y el primer reto de las mayorías de gobierno que se constituyan a partir de las recientes elecciones. Una medida esta que, en su caso, solo puede venir de la mano de gobiernos progresistas.
