Denuncia de la campaña de asesinatos de activistas sociales en Colombia

020719 ASESINATOS COLOMBIA

Internacional

Tras la firma de los acuerdos de paz en Colombia, el aumento sistemático de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y comunidades no cesa. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y el movimiento Marcha Patriótica, en su informe “Todos los nombres, todos los rostros” fijan la cifra en 837 asesinatos, 702 de líderes y lideresas sociales entre los que destacan estudiantes, cineastas, profesorado y demás activistas y 135 de excombatientes de las FARC.

Las objeciones del gobierno colombiano contra la Justicia Especial para la Paz (JEP) y su falta de compromiso para implementar medidas urgentes de protección,  pone de manifiesto la alarmante situación de vulneración de DDHH que vive el país. Ante esta realidad, los colombianos y colombianas nos vemos en la obligación de volcarnos y unirnos para defender el proceso de paz

Hoy, diferentes colectivos nos pronunciamos sobre la visita de Iván Duque a Europa desmintiendo la información sobre el proceso de paz en Colombia. El estado debe asumir inmediatamente sus responsabilidades e implementar los acuerdos de paz, para proteger a quienes defienden los derechos humanos y sus comunidades. 

DENUNCIAMOS públicamente la presencia de multinacionales europeas que patrocinan el asesinato de líderes sociales y, en este contexto, hacemos pública la Sentencia de un juez de la República que, por primera vez, condena al banco BBVA por delitos medio ambientales dejando constancia de la gravedad del riesgo que corren las comunidades afectadas por Hidroituango. 

Un fallo histórico que reafirma al medio ambiente como derecho humano fundamental y reconoce a todos los colombianos como víctimas de Hidroituango.

Por todo ello, REIVINDICAMOS la paz, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado y el compromiso de la comunidad internacional.

Hoy, diferentes colectivos nos pronunciamos sobre la visita a Europa de Iván Duque, presidente de Colombia, desmintiendo su discurso sobre el proceso de paz en Colombia, recibiendo apoyo económico internacional sin implementar los acuerdos firmados en 2016.  El estado debe asumir inmediatamente sus responsabilidades e implementar los acuerdos de paz, para proteger a quienes defienden los derechos humanos y sus comunidades.