Avanzan las movilizaciones por la Sanidad Pública y la Salud

El movimiento en defensa de la Salud y la Sanidad Pública toma cuerpo para potenciar la Salud Pública y la Atención Sanitaria que se enfrentan a un empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la población.

En un marco de considerables dificultades, tanto objetivas como subjetivas, propias de la situación de pandemia por el coronavirus y tras un lento proceso de recuperación paulatina de la capacidad movilizadora se produjo una convocatoria estatal para el 20 de junio derivada de la realizada por CASMadrid (Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad) de manifestación en Madrid y con la reivindicación principal de la derogación de la Ley 15/97, ley privatizadora por excelencia de la Sanidad Pública. Tal convocatoria se tradujo en otras tantas manifestaciones o concentraciones en distintos puntos del Estado.

Esta convocatoria que procedía de un sector muy definido de profesionales, sindicatos alternativos y grupos políticos agrupados en CASMadrid logró enlazar con colectivos diversos de distintos territorios pero una buena parte de las organizaciones vinculadas a las luchas de las Mareas Blancas permaneció al margen tras evaluar que aún no se daban las condiciones idóneas tanto en cuanto a la mejora con la desescalada en la predisposición subjetiva de la población para movilizarse como respecto de la mínima recuperación del agotamiento del personal sanitario de cara a su determinante participación organizada. Se trató de una convocatoria más bien de arriba hacia abajo faltando, incluso dentro del conjunto de colectivos que suscribían el llamamiento inicial, la adecuada consulta y organización de abajo hacia arriba que garantizara que el momento y las formas fueran las más adecuadas para lograr la mayor y mejor de las participaciones, siendo la del personal sanitario particularmente escasa por lo menos en aquellos sitios de los que tenemos más información.

Aun así el resultado debe valorarse como positivo en cuanto que supuso un arranque y un calentamiento para la puesta a punto del movimiento de defensa de la Salud y la Sanidad Pública que inevitablemente irá a más, tiene que ir a más, ya que no queda otra si queremos estar a la altura, en primer lugar, de lo que supone una pandemia con una sanidad que no ha sido restituida en sus recortados y desmantelados recursos tanto en su vertiente de Salud Pública y Prevención como de Atención Sanitaria, particularmente de Atención Primaria, así como, en segundo lugar, respecto del notable deterioro de la salud de la población que trae consigo el empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de una importante parte de la misma. 

También va a tener relevancia en el desarrollo de las movilizaciones las decepcionantes conclusiones del Dictamen de la Comisión de Reconstrucción económica y social que pasa a consideración del Congreso de los Diputados el día 22 de julio. En el mismo se dejan muchos problemas sin resolver, y desde luego no está a la altura del clamor de la población y profesionales que exigían un reforzamiento y reconstrucción de la Sanidad Pública. Llamativamente no dice una sola palabra sobre la necesaria paralización de las privatizaciones y la recuperación de lo privatizado, ni sobre la necesidad de integrar la asistencia sanitaria de las Mutualidades de Funcionarios en la Sanidad Pública, ni de la necesidad de retirar las desgravaciones fiscales a las empresas por la contratación de seguros privados. Se plantea aplicar la gestión “emprendedora” con personalidad jurídica a “todos los centros sanitarios”, reestructurando internamente los hospitales o las redes de hospitales en Áreas o Unidades de Gestión Clínica, la llamada “gestión clínica” es un eufemismo inventado para ocultar su nombre original “Unidades de Gestión Empresarial”. En cuanto a salud laboral, en manos de las Mutuas Patronales que la han convertido en un instrumento más de explotación y de penalización de la enfermedad, se le dedica un único artículo, cuya credibilidad habla por sí misma: “Reforzar los servicios de medicina preventiva y de prevención de riesgos laborales en todos los niveles asistenciales”. Llama la atención que no se haga mención alguna a la dedicación exclusiva que es clave para garantizar una mayor dedicación y el refuerzo de la Sanidad Pública y la desaparición de la colusión de intereses entre la Sanidad Pública y el sector privado. Por otro lado son positivos el compromiso de mayores fondos para la investigación y la consolidación de los grupos investigadores en el SNS y muy negativo el propiciar la llamada “colaboración público-privada”, que favorece los intereses y los negocios privados con fondos públicos. 

A la espera de la necesaria movilización masiva por todo lo relatado, mientras tanto se han ido encadenando otras acciones puntuales, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que están respondiendo a las problemáticas específicas de salud, asistencia sanitaria y condiciones de trabajo del personal sanitario en los distintos territorios, las últimas de las cuales han sido la huelga de MIR iniciada el 13 de julio y la concentración ante la sede de la Comunidad de Madrid el día 15.

No obstante no cabe duda de que ha de ser el movimiento obrero en general, más allá de la clase trabajadora del sector sanitario, el llamado a desarrollar la lucha por la salud pública a través de la garantía de mejora de las condiciones de vida y trabajo que debe suponer la conquista de la derogación de las sucesivas reformas laborales de 2010 y 2012, exigencia que es previa a la emergencia sanitaria de la covid-19. Aun dejando pendiente la eliminación de la reforma laboral de 2010 del PSOE, la de 2012 estaba en el programa de los partidos del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, debiendo a dicho compromiso una parte muy importante del apoyo recibido. Sin duda hará mucho más por la salud de la población la conquista de las referidas derogaciones que los mayores presupuestos sanitarios y sociales.

Arturo Borges Álamo