Tras numerosos incidentes, altercados, secuestros, e incluso, asesinatos, el Cabildo de Fuerteventura aprueba una moción en la que solicita a las Cortes Generales que ponga fin a la estancia de la legión en la isla. El contenido de la moción fue enviada también al Gobierno canario, al Parlamento autónomo, a las corporaciones públicas, a las diferentes comunidades autónomas y al Defensor del Pueblo. El texto aprobado afirma que el pueblo de Fuerteventura se siente sojuzgado bajo la bota militar, y que la mayoría de los habitantes de la isla se muestran contrarios a la permanencia de la Legión, no sólo en la isla sino también fuera de ella.
