Tras hacerlo los de Barcelona, la junta de fiscales de Madrid se manifiestan públicamente en contra de la instrucción del entonces fiscal general del Estado y militante del PSOE canario, Eligio Hernández Gutiérrez, en la que ordenaba pedir para los insumisos condenas lo suficientemente elevadas como para no poder evitar la cárcel. La instrucción instaba a pedir penas que oscilasen entre los 18 meses y los 2 años y 4 meses de prisión.