Mediante el tratado, España, a cambio de 20 millones de dólares, entrega a los Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y otras posesiones de ultramar o colonias. En el punto noveno sentencia que los “súbditos españoles naturales de la Península” conservarán sus derechos y propiedades tras la entrega. Los canarios pese a ser la comunidad emigrante más numerosa quedaron excluidos del acuerdo agravando con ello su éxodo.
