21314570 813194525517188 8002795912955324126 nLa empresa Seguridad Integral Canaria(SIC) aplicará el convenio estatal del sector en la provincia de Las Palmas y por tanto, subirá el salario a unos 1.000 trabajadores entre 350 y 400 euros al mes. El conflicto se alarga desde el año 2012 fecha en la que Seguridad Integral Canaria dejó de cumplir el Convenio y dejó de abonar a los trabajadores en torno a 400 euros mensuales.

 

La empresa SIC acepta la reincorporación en sus puestos de los cinco trabajadores de Intersindical Canaria que formaban parte del comité de empresa y que fueron despedidos en 2016.

Tras el acuerdo alcanzado, la empresa se compromete a pagar las nóminas con regularidad cada mes. SIC también pagará el dinero que debe a los trabajadores por las nóminas abonadas en estos años por debajo de lo que estipulaba el convenio del sector. Sentencias firmes del Supremo le obligaban a ello. Y aquí hay un detalle de calado. SIC se compromete a pagarlas pero en caso de no poder hacerlo lo hará la empresa Ralons Servicios, que figura como avalista.

A cambio de estas mejoras, los trabajadores han solicitado al juzgado la suspensión «provisional» del embargo que sufría sobre sus cuentas SIC y que había sido fijado por el juzgado como forma de pagar los salarios atrasados a los trabajadores. Los sindicatos cifran la deuda pendiente en 2,5 millones de euros. El acuerdo se firmó el 30 de octubre pasado.

Agaete

 
 Grupos manifestantes sostienenen ampliacion Agaete EDIIMA20180623 0327 19

Movilización popular contraria a la ampliación del puerto de Agaete

Una multitudinaria marcha popular integrada por más de diez mil personas que inició su recorrido en el parque de San Telmo para concluir en la sede del Gobierno en Las Palmas, expresó su desacuerdo con la construcción del macro-puerto de Agaete proyectado por el gobierno de Clavijo y Coalición Canaria. Colectivos políticos, sindicales y ecologistas llamaron a la protesta realizada el sábado 23 de junio, recriminando al gobierno que continúe apostando por las macroinfraestructuras injustidicadas que malversan el dinero público y que avanzan en la política de tierra quemada y de deterioro del territorio canario. En una encuesta realizada por el propio ayuntamiento del municipio de Agaete, la inmensa mayoría de la población es contrario a la construcción del proyecto. Mientras el Cabildo de la isla se ha manifestado por la celebración de un referéndum vinculante.