Sindicatos de la Mesa de Empleados publicos denuncias fraude en los presupuestos 13.11.2017Los representantes de los trabajadores advierten que las agresiones tendrán respuestaLos servicios jurídicos de las organizaciones sindicales estudian la posible comisión de fraude en los presupuestos del 2018, que se están tramitando con el preceptivo informe de la Comisión de la Función Pública, pese a que, según los representantes de los trabajadores, la reunión en que este se aprobó no llegó a celebrarse.

 

INTERSINDICAL CANARIA, SEPCA, UGT, CCOO, CSIF, FSES y Co.Bas abandonaron el 25 de octubre la Mesa General de Empleados Públicos al entender que la Consejería de Presidencia no estaba dispuesta a negociar medidas que mejoren la situación del personal tras los recortes acometidos durante los años de la crisis. Justo a continuación estaba convocada la reunión de la Comisión de la Función Pública. Cinco de los componentes de este organismo son representantes sindicales que constataron que los miembros de la Administración no se encontraban en el lugar y que, por lo tanto, la reunión no se produjo.

Los sindicatos volvieron a anunciar ayer un "otoño caliente" si el Ejecutivo no accede a negociar medidas que alivien la situación de los empleados públicos, algunas de las cuales tienen escaso o nulo coste económico y podrían incorporarse a los presupuestos de 2018 -la homogeneización de permisos, licencias y vacaciones, los descuentos por enfermedades, el pago de la ropa de trabajo- y otras como la jornada de 35 horas semanales o la estabilización del empleo público- podrían ser objeto de acuerdos plurianuales al comportar un mayor desembolso.
Los presupuestos del próximo año mantienen los ajustes mediante disposiciones adicionales que no pueden ser negociadas. Según los representantes de los trabajadores, el Gobierno se ríe de los empleados públicos.
El peso de los servicios públicos desciende y el incremento que experimentarán el próximo año los presupuestos de la Comunidad Autónoma no satisface a los sindicatos, que advierten de que el peso de las partidas relacionadas con los servicios públicos disminuye en relación al total, pese a que suman unos 400 millones de euros más que en 2017. Globalmente, es inferior al de años pasados, cuando las necesidades son cada vez mayores. La plantilla de la Comunidad Autónoma está integrada por unos 60.000 trabajadores, y ha perdido alrededor de 8.000 efectivos en los últimos ejercicios.