untitled M. A. Ramírez, el empresario con mayor acumulación de delitos laborales impunes La patronal Seguridad Integral Canaria incumple sus obligaciones para con los trabajadores.

Por una u otro motivo sobre las dependencias judiciales de Tenerife continúan recayendo graves perjuicios por la situación laboral de la empresa Seguridad Integral Canaria, quien ahora, de nuevo, adeuda los salarios a sus trabajadores. La situación se complica como consecuencia de que las Administraciones pública en un comportamiento cómplice, mira a otro lado ante los incumplimientos del empresario, conocido infractor de los derechos laborales de su personal.

 

Por otro lado, recientemente la representación sindical de Intersindical Canaria se persono en las dependencias judiciales sitas en el edificio el cabo:” Jat Penal, Juzgado de lo Mercantil, Juzgado de los Social nº 1 y despachos de la Fiscalía, y comprobó que las oficinas judiciales estaban cerradas por carecer de personal de seguridad.

Dicha situación crea un grave problema para los funcionarios por no poder acceder a su puesto de trabajo, y para los profesionales y usuarios de la justicia.

No es la primera vez que venimos denunciando problemas de seguridad en los edificios judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Desgraciadamente la Dirección General sigue sin tomar carta en el asunto respecto a las responsabilidades de la empresa de seguridad.

La representación de los trabajadores de Intersindical vuelve a insistir para que se tomen las medidas oportunas que garanticen la seguridad en los dependencias del edificio El Cabo y el resto de dependencias judiciales. Ello, de acuerdo con lo establecido en el contrato de servicio de vigilancia y seguridad de los órganos de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por otra parte se exigen responsabilidades a la empresa adjudicataria Integral por incumplir la prestación del servicio de seguridad en los edificios judiciales.