La Consejera Valido y el director General de Trabajo GonzalezLa consejera Valido y el director Gral. de Trabajo, GonzálezDentro del papel fundamental que tienen reservadas, en el marco constitucional, las organizaciones sindicales como agentes activos que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales dentro de nuestra sociedad, encontrándose entre sus principales funciones la negociación colectiva, derecho garantizado por la Constitución Española. Desde abril del año 2016 se comunicó a la Dirección General de Trabajo la situación caótica e insostenible que venía padeciendo dicha Dirección General en materia de elecciones sindicales tanto en su registro como en la solución de conflictos. Lejos de revertir la situación, este hecho

se ha agravado exponencialmente, ya que no se celebran ni se dictan, desde hace mas de un año, Laudos arbitrales que diriman y doten de seguridad jurídica los procesos electorales en las empresas. Esta situación incide muy negativamente en el normal desarrollo de la actividad sindical y aboca a las organizaciones sindicales y al colectivo obrero a una regular y perpetua inseguridad jurídica y que tiene efectos directos en la precarización del empleo limitando y en muchas ocasiones incluso cercenando el ejercicio de la libertad sindical constitucionalmente reconocido. Resulta imprescindible significar que tenemos el absoluto convencimiento que la situación descrita no puede achacarse a una supuesta mala praxis profesional de los trabajadores adscritos al servicio sino a deficiencias estructurales y de dotación de medios humanos y materiales que deben ser resueltos por la Dirección General de Trabajo dependiente del Gobierno de Canarias. Es también imperativo resaltar, ahora que está en boga hablar de la Constitución y de envolvernos en banderas e himnos, que la Constitución Española, es también un conjunto de Derechos que permite a los ciudadanos protegerse y defenderse del abuso de poder y autoridad. Por tanto, consideramos de extrema gravedad la indolencia y absoluta falta de interés del Gobierno de Canarias, que es quien tiene las competencias, que vulnera y menoscaba los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores de Canarias.