Sin rodeos

Junto a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que constituyen los cimientos del Estado, la denominación de “cuarto poder” que desde 1787 se atribuyese a la prensa por su gran influencia crítica, ha quedado trasnochada por la realidad de los hechos. La prensa, todos los medios de comunicación, han dejado de ser ese otro poder pretendidamente autónomo, para convertirse en vil y manipuladora herramienta de los gobiernos. En Canarias, esa realidad está alcanzando dimensiones especialmente alarmantes. Tras la férrea censura impuesta por los medios de comunicación a la opinión sindical, el coordinado y manipulador asalto de los portavoces gubernamentales para ocupar hasta dos páginas de entrevistas periodísticas contradiciendo las protestas ciudadanas en defensa del territorio, de los servicios públicos o de cualquier otro asunto de interés general, sonrojan a cualquiera con una mínima sensibilidad democrática. Así, Clavijo y sus acólitos ideológicos continúan atareados en arrastrar las libertades públicas y la democracia a las pestilentes alcantarillas mediante las más burdas manipulaciones. Con el dinero del Común se compran a tertulianos, opinadores, periodistas, páginas enteras de la prensa,  y ahora, hasta las propias empresas de comunicación.   

 

Las lamentaciones que algunos sectores de la patronal canaria plantean en torno a la huelga de los estibadores y la pérdida en millones de euros que, según afirman, ocasionan los paros, no han ido acompañadas de ninguna iniciativa empresarial  para que las negociaciones se agilicen y  propicien un acuerdo que también evite "el catastrófico" desabastecimiento que la avariciosa patronal canaria además augura. Tampoco el Ejecutivo español, tras aprobar el decreto que desencadenó el conflicto, ha hecho mucho. Al contrario,  el portavoz parlamentario del PP en Madrid, hecha gasolina al conflicto  insultando gravemente al colectivo de trabajadores con adjetivos y descalificaciones irreproducibles.  ¿Son conscientes unos y otros que con su proceder  están propiciando un enconamiento del conflicto? El denominado Estado de derecho, sustentado también en el respeto y cumplimiento de los  acuerdos consolidados y libremente pactados entre las partes, obligan legal y moralmente al gobierno y a la patronal, lo que les debe llevar, de inmediato, a asumir los actuales derechos laborales  y sociales de los estibadores, incluida la subrogación futura del conjunto de los puestos de trabajo, reivindicación esta que motiva ahora el conflicto laboral.  

Además del histórico fraude inversor que los diferentes gobiernos de España cometen con Canarias y del que los trabajadores son también principal víctima, están además las lagunas e incoherencias en las cuentas del Gobierno criollo de Coalición Canaria y sus parejas del PSOE o el PP. Aquello de condonar a Madrid la deuda histórica en Sanidad -deducimos que también lo ha hecho con el resto de servicios esenciales-, no casa mucho con el consabido lloriqueo de Clavijo y Cia a Madrid por la falta de euros para atender las demanda sociales básicas de Canarias. La negativa del Ejecutivo canario a la creación de un canon turístico que alivie la presunta escasez de euros inversores o para utilizarlo como herramienta para reponer al menos parcialmente el daño territorial que infringen los 14 millones de turistas anuales que visitan Canarias, resulta del todo inaudito cuando otras muchas comunidades del ámbito internacional han demostrado sobradamente los benignos efectos de esta carga impositiva. Por ejemplo, los canarios que viajen a Bruselas, pagan complementariamente de canon, entre 42 y 72 euros más por una estancia de siete días en hotel, bastante alejado de los solo 14 euros que se ha propuesto cobrar en la Nación Canaria.

Llueve sobre mojado con el veto del Senado a la propuesta de crear una Comisión de investigación que destape las causas y responsabilidades del accidente aéreo de la compañía Spanair. Como recordaremos, la aeronave que se dirigía desde Barajas a Gran Canaria, tras desplomarse, cegó la vida de 154 personas, la mayor parte de ellas canarias. Así, los partidos (PP y PSOE) que formaron los respectivos gobiernos durante y después del siniestro, continúan dificultando profundizar en lo ocurrido más allá de los huidizos y abstractos pronunciamientos judiciales. Lo cierto es que, además de los gobiernos de España, las instituciones canarias han hecho también lo propio con su cobarde indiferencia e insensibilidad sobre este gravísimo siniestro. Inicialmente el Gobierno de Coalición Canaria, contrariamente a la exigencia de Intersindical Canaria, nunca se personó como parte acusadora en el proceso judicial. El Parlamento canario, ¡siete años después! del siniestro, aprueba una timorata resolución para que se nombre en Madrid una Comisión investigadora. Y ahora, la extemporánea propuesta en la Cámara presentada por la senadora Julios. No es sólo conocer la verdad de lo ocurrido a la que tienen derecho la asociación de víctimas, es también desenmarañar los fallos cometidos, determinar las responsabilidades de gobierno y autoridades y establecer las medidas pertinentes que evite la repetición de la muerte de inocentes por grave negligencia. "Buscar por tierra, mar y aire", al igual que la ministra Cospedal ha prometido recientemente a los familiares de los 62 militares fallecidos en el accidente del avión militar Yak-42

La extrema e histórica indulgencia con la que sus súbditos han reaccionado históricamente ante los excesos de la familia real española destaca como singular e incomprensible. Igualmente excepcional, pero además repugnante, resulta la actual sumisión de la clase política hispana a la misma institución monárquica que, tras ser abolida por la República, recordemos, fue rehabilitada por el dictador Franco.  Ahora, también el otro poder: el judicial, certifica que, al contrario de los que afirma la letanía oficial, no todos somos iguales ante la ley. Y no sólo porque la reina Leticia o sus suegros, con absoluta impunidad  metan  a diario la mano en la hacienda pública para multiplicar su multimillonario ajuar o practicar actividades  licenciosas, abofeteando de paso a los cientos de miles de canaritos en paro o en régimen de pobreza, sino porque llegado el caso, los parientes más directos de Felipe V, tras cometer corrupción y enriquecerse ilícitamente mediante la utilización de una institución del Estado (hechos probados), son premiados mediante una absolución o una clementísima sentencia con la que sus señorías del juzgado de Instrucción de Palma premian a la hermana del Rey y a su esposo, fallo judicial este que incluye una indefinida residencia vacacional en Suiza.

El apoyo dado a Clavijo en Canarias por partidos y sindicatos institucionalistas, está muy bien en lo formal. Pero aquí lo importante es conocer el fondo y la forma de lo que, finalmente, de la Conferencia de Presidentes autonómicos vaya a ocurrir. Por lo pronto, “nuestro” presidente repitió en Madrid su habitual rostro de servil y colonizado pedigüeño. Pero, además de esa foto fija, en la poco probable hipótesis que el gobierno del PP compense una parte de los seculares agravios y abusos inversores cometidos con Canarias y el Presidente recupere al menos una parte de los miles de millones de euros defraudados a nuestro País, nos embarga la duda si, por fin, Clavijo estaría dispuesto a cambiar su larguísimo ciclo de reposte millonario de euros a su clase empresarial amiga para iniciar el saneamiento de nuestra precarísimos servicios públicos y, además, comenzar la cuenta atrás para que nuestros trabajadores dejen de ocupar el vergonzante primer puesto de indigencia social y laboral del conjunto del Estado y de Europa. De paso, y al tanto que superaríamos tal terrible agravio, pondríamos también coto al despreciable privilegio de la clase empresarial canaria de continuar gozando con en menor coste laboral, también del Estado y de Europa.