Sin rodeos

La negativa del régimen  monárquico  español a reconocer que practica la persecución política,  y descartada la posibilidad de reivindicar la amnistía, obligó en su momento a la soberanista Aisha Hernández a tramitar una petición de indulto (ley aún vigente del año 1870) para evadir la prisión tras dos condenas consecutivas del aparato gubernamental-judicial de claro carácter político-ideológico. La primera por desplegar una pancarta junto a otras cuatro compañeras contra la reforma laboral, y la segunda, por resistencia a la autoridad durante la realización de una pintada contra el paro juvenil. El PP y Rajoy reafirmando ahora su carácter autoritario-colonialista, han rechazando tal petición de “gracia”, y si la presión popular no lo evita, la joven nacionalista tendrá que ingresar muy próximamente en prisión durante cuatro meses por mostrarse públicamente en contra, precisamente, de la quiebra de algunos de los más relevantes derechos humanos incluidos en la carta internacional firmada por el Estado Español (el acceso de los canarios al trabajo, a los derechos laborales o un salario digno). Llama la atención el hecho que mientras el Consejo de ministros español toma esta infame y sumarísima medida contra la joven activista canaria, se cuentan por decenas los delincuentes de cuello blanco, incluidos los de la familia real española que tras, ser condenados en firme por robar al conjunto de la ciudadanía y estafar a la  hacienda española, gozan de libertad plena con el libre acceso al capital robado para su disfrute. Lo de la “democracia” en España, en sus colonias y sus naciones sin Estado se reduce a la ridícula e inútil introducción cuatrienal de una papeleta en una urna.

Bien está la exigencia de una renta social que mitigue los altísimos niveles de pobreza o la de aquellos ciudadanos al borde de sufrirla, una de esas lacras sociales que el presidente Clavijo  ignora en todos sus balances de gobierno. Pero eso no debe hacer olvidar a la ejecutiva de la UGT y a sus compañeros de viaje de CC.OO que esa lógica reivindicación y su posible logro, no puede continuar haciendo pasar por alto que, en El País Canario, los trabajadores también permanezcamos azotados por los salarios y las pensiones más bajos, las jornadas laborales más altas y el trabajo más precario. Y por aquello de la no discriminación, debieran los ugetistas, tras realizar el correspondiente propósito de la enmienda como corresponsables de esos agravios, incluirlo como primeros objetivos de su decálogo de exigencias a la patronal y al gobierno. Claro está, previa solicitud y autorización de su dirigencia sindical en Madrid y de la que en Canarias ellos son sólo eso: una sucursal o franquicia en la colonia.

 

Junto a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que constituyen los cimientos del Estado, la denominación de “cuarto poder” que desde 1787 se atribuyese a la prensa por su gran influencia crítica, ha quedado trasnochada por la realidad de los hechos. La prensa, todos los medios de comunicación, han dejado de ser ese otro poder pretendidamente autónomo, para convertirse en vil y manipuladora herramienta de los gobiernos. En Canarias, esa realidad está alcanzando dimensiones especialmente alarmantes. Tras la férrea censura impuesta por los medios de comunicación a la opinión sindical, el coordinado y manipulador asalto de los portavoces gubernamentales para ocupar hasta dos páginas de entrevistas periodísticas contradiciendo las protestas ciudadanas en defensa del territorio, de los servicios públicos o de cualquier otro asunto de interés general, sonrojan a cualquiera con una mínima sensibilidad democrática. Así, Clavijo y sus acólitos ideológicos continúan atareados en arrastrar las libertades públicas y la democracia a las pestilentes alcantarillas mediante las más burdas manipulaciones. Con el dinero del Común se compran a tertulianos, opinadores, periodistas, páginas enteras de la prensa,  y ahora, hasta las propias empresas de comunicación.   

 

Las lamentaciones que algunos sectores de la patronal canaria plantean en torno a la huelga de los estibadores y la pérdida en millones de euros que, según afirman, ocasionan los paros, no han ido acompañadas de ninguna iniciativa empresarial  para que las negociaciones se agilicen y  propicien un acuerdo que también evite "el catastrófico" desabastecimiento que la avariciosa patronal canaria además augura. Tampoco el Ejecutivo español, tras aprobar el decreto que desencadenó el conflicto, ha hecho mucho. Al contrario,  el portavoz parlamentario del PP en Madrid, hecha gasolina al conflicto  insultando gravemente al colectivo de trabajadores con adjetivos y descalificaciones irreproducibles.  ¿Son conscientes unos y otros que con su proceder  están propiciando un enconamiento del conflicto? El denominado Estado de derecho, sustentado también en el respeto y cumplimiento de los  acuerdos consolidados y libremente pactados entre las partes, obligan legal y moralmente al gobierno y a la patronal, lo que les debe llevar, de inmediato, a asumir los actuales derechos laborales  y sociales de los estibadores, incluida la subrogación futura del conjunto de los puestos de trabajo, reivindicación esta que motiva ahora el conflicto laboral.  

Además del histórico fraude inversor que los diferentes gobiernos de España cometen con Canarias y del que los trabajadores son también principal víctima, están además las lagunas e incoherencias en las cuentas del Gobierno criollo de Coalición Canaria y sus parejas del PSOE o el PP. Aquello de condonar a Madrid la deuda histórica en Sanidad -deducimos que también lo ha hecho con el resto de servicios esenciales-, no casa mucho con el consabido lloriqueo de Clavijo y Cia a Madrid por la falta de euros para atender las demanda sociales básicas de Canarias. La negativa del Ejecutivo canario a la creación de un canon turístico que alivie la presunta escasez de euros inversores o para utilizarlo como herramienta para reponer al menos parcialmente el daño territorial que infringen los 14 millones de turistas anuales que visitan Canarias, resulta del todo inaudito cuando otras muchas comunidades del ámbito internacional han demostrado sobradamente los benignos efectos de esta carga impositiva. Por ejemplo, los canarios que viajen a Bruselas, pagan complementariamente de canon, entre 42 y 72 euros más por una estancia de siete días en hotel, bastante alejado de los solo 14 euros que se ha propuesto cobrar en la Nación Canaria.

Llueve sobre mojado con el veto del Senado a la propuesta de crear una Comisión de investigación que destape las causas y responsabilidades del accidente aéreo de la compañía Spanair. Como recordaremos, la aeronave que se dirigía desde Barajas a Gran Canaria, tras desplomarse, cegó la vida de 154 personas, la mayor parte de ellas canarias. Así, los partidos (PP y PSOE) que formaron los respectivos gobiernos durante y después del siniestro, continúan dificultando profundizar en lo ocurrido más allá de los huidizos y abstractos pronunciamientos judiciales. Lo cierto es que, además de los gobiernos de España, las instituciones canarias han hecho también lo propio con su cobarde indiferencia e insensibilidad sobre este gravísimo siniestro. Inicialmente el Gobierno de Coalición Canaria, contrariamente a la exigencia de Intersindical Canaria, nunca se personó como parte acusadora en el proceso judicial. El Parlamento canario, ¡siete años después! del siniestro, aprueba una timorata resolución para que se nombre en Madrid una Comisión investigadora. Y ahora, la extemporánea propuesta en la Cámara presentada por la senadora Julios. No es sólo conocer la verdad de lo ocurrido a la que tienen derecho la asociación de víctimas, es también desenmarañar los fallos cometidos, determinar las responsabilidades de gobierno y autoridades y establecer las medidas pertinentes que evite la repetición de la muerte de inocentes por grave negligencia. "Buscar por tierra, mar y aire", al igual que la ministra Cospedal ha prometido recientemente a los familiares de los 62 militares fallecidos en el accidente del avión militar Yak-42

Sin titulo