Llueve sobre mojado con el veto del Senado a la propuesta de crear una Comisión de investigación que destape las causas y responsabilidades del accidente aéreo de la compañía Spanair. Como recordaremos, la aeronave que se dirigía desde Barajas a Gran Canaria, tras desplomarse, cegó la vida de 154 personas, la mayor parte de ellas canarias. Así, los partidos (PP y PSOE) que formaron los respectivos gobiernos durante y después del siniestro, continúan dificultando profundizar en lo ocurrido más allá de los huidizos y abstractos pronunciamientos judiciales. Lo cierto es que, además de los gobiernos de España, las instituciones canarias han hecho también lo propio con su cobarde indiferencia e insensibilidad sobre este gravísimo siniestro. Inicialmente el Gobierno de Coalición Canaria, contrariamente a la exigencia de Intersindical Canaria, nunca se personó como parte acusadora en el proceso judicial. El Parlamento canario, ¡siete años después! del siniestro, aprueba una timorata resolución para que se nombre en Madrid una Comisión investigadora. Y ahora, la extemporánea propuesta en la Cámara presentada por la senadora Julios. No es sólo conocer la verdad de lo ocurrido a la que tienen derecho la asociación de víctimas, es también desenmarañar los fallos cometidos, determinar las responsabilidades de gobierno y autoridades y establecer las medidas pertinentes que evite la repetición de la muerte de inocentes por grave negligencia. "Buscar por tierra, mar y aire", al igual que la ministra Cospedal ha prometido recientemente a los familiares de los 62 militares fallecidos en el accidente del avión militar Yak-42