La negativa del régimen  monárquico  español a reconocer que practica la persecución política,  y descartada la posibilidad de reivindicar la amnistía, obligó en su momento a la soberanista Aisha Hernández a tramitar una petición de indulto (ley aún vigente del año 1870) para evadir la prisión tras dos condenas consecutivas del aparato gubernamental-judicial de claro carácter político-ideológico. La primera por desplegar una pancarta junto a otras cuatro compañeras contra la reforma laboral, y la segunda, por resistencia a la autoridad durante la realización de una pintada contra el paro juvenil. El PP y Rajoy reafirmando ahora su carácter autoritario-colonialista, han rechazando tal petición de “gracia”, y si la presión popular no lo evita, la joven nacionalista tendrá que ingresar muy próximamente en prisión durante cuatro meses por mostrarse públicamente en contra, precisamente, de la quiebra de algunos de los más relevantes derechos humanos incluidos en la carta internacional firmada por el Estado Español (el acceso de los canarios al trabajo, a los derechos laborales o un salario digno). Llama la atención el hecho que mientras el Consejo de ministros español toma esta infame y sumarísima medida contra la joven activista canaria, se cuentan por decenas los delincuentes de cuello blanco, incluidos los de la familia real española que tras, ser condenados en firme por robar al conjunto de la ciudadanía y estafar a la  hacienda española, gozan de libertad plena con el libre acceso al capital robado para su disfrute. Lo de la “democracia” en España, en sus colonias y sus naciones sin Estado se reduce a la ridícula e inútil introducción cuatrienal de una papeleta en una urna.