La extrema e histórica indulgencia con la que sus súbditos han reaccionado históricamente ante los excesos de la familia real española destaca como singular e incomprensible. Igualmente excepcional, pero además repugnante, resulta la actual sumisión de la clase política hispana a la misma institución monárquica que, tras ser abolida por la República, recordemos, fue rehabilitada por el dictador Franco.  Ahora, también el otro poder: el judicial, certifica que, al contrario de los que afirma la letanía oficial, no todos somos iguales ante la ley. Y no sólo porque la reina Leticia o sus suegros, con absoluta impunidad  metan  a diario la mano en la hacienda pública para multiplicar su multimillonario ajuar o practicar actividades  licenciosas, abofeteando de paso a los cientos de miles de canaritos en paro o en régimen de pobreza, sino porque llegado el caso, los parientes más directos de Felipe V, tras cometer corrupción y enriquecerse ilícitamente mediante la utilización de una institución del Estado (hechos probados), son premiados mediante una absolución o una clementísima sentencia con la que sus señorías del juzgado de Instrucción de Palma premian a la hermana del Rey y a su esposo, fallo judicial este que incluye una indefinida residencia vacacional en Suiza.