Bien está la exigencia de una renta social que mitigue los altísimos niveles de pobreza o la de aquellos ciudadanos al borde de sufrirla, una de esas lacras sociales que el presidente Clavijo  ignora en todos sus balances de gobierno. Pero eso no debe hacer olvidar a la ejecutiva de la UGT y a sus compañeros de viaje de CC.OO que esa lógica reivindicación y su posible logro, no puede continuar haciendo pasar por alto que, en El País Canario, los trabajadores también permanezcamos azotados por los salarios y las pensiones más bajos, las jornadas laborales más altas y el trabajo más precario. Y por aquello de la no discriminación, debieran los ugetistas, tras realizar el correspondiente propósito de la enmienda como corresponsables de esos agravios, incluirlo como primeros objetivos de su decálogo de exigencias a la patronal y al gobierno. Claro está, previa solicitud y autorización de su dirigencia sindical en Madrid y de la que en Canarias ellos son sólo eso: una sucursal o franquicia en la colonia.