Junto a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que constituyen los cimientos del Estado, la denominación de “cuarto poder” que desde 1787 se atribuyese a la prensa por su gran influencia crítica, ha quedado trasnochada por la realidad de los hechos. La prensa, todos los medios de comunicación, han dejado de ser ese otro poder pretendidamente autónomo, para convertirse en vil y manipuladora herramienta de los gobiernos. En Canarias, esa realidad está alcanzando dimensiones especialmente alarmantes. Tras la férrea censura impuesta por los medios de comunicación a la opinión sindical, el coordinado y manipulador asalto de los portavoces gubernamentales para ocupar hasta dos páginas de entrevistas periodísticas contradiciendo las protestas ciudadanas en defensa del territorio, de los servicios públicos o de cualquier otro asunto de interés general, sonrojan a cualquiera con una mínima sensibilidad democrática. Así, Clavijo y sus acólitos ideológicos continúan atareados en arrastrar las libertades públicas y la democracia a las pestilentes alcantarillas mediante las más burdas manipulaciones. Con el dinero del Común se compran a tertulianos, opinadores, periodistas, páginas enteras de la prensa,  y ahora, hasta las propias empresas de comunicación.